La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a tomar declaración a
responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en
una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de
entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscalía ha llamado a declarar
en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y
a un exdirector general de Energía, según fuentes conocedoras de la
investigación. La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las
eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de
Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía
del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han
negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.
El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
que agrupa a ecologistas y consumidores, denunció en Anticorrupción la
puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después
amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber
permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de
más en los CTC.
Cronología de una deuda multimillonaria
- 27 de noviembre de 1997. Con la liberalización del mercado eléctrico, el ministro de Industria, Josep Piqué, crea los Costes de Transición a la Competencia (CTC) para compensar las inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Estos costes, que se pagaban en la factura de la luz “como costes permanentes del sistema”, tienen por objeto devolver a esas empresas 8.600 millones de euros por el valor de esas inversiones.
- 23 de junio de 2006. El Gobierno socialista suprime los CTC al considerar que ese mecanismo se ha convertido en ineficiente “porque genera distorsiones en los precios de mercado”, “porque han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron” y también por el “alto grado de amortización de las instalaciones” cuyo coste trataban de compensar.
- 13 de marzo de 2008. La abogacía del Estado establece en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más a través de los CTC y considera ese exceso un “enriquecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a estas empresas. El informe asegura que el Gobierno tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para reclamar esas cantidades abonadas de forma indebida.
- 25 de junio de 2010. Caduca el derecho a reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según los plazos establecidos por el informe de la abogacía del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha exigido a esas empresas los pagos indebidos.
- 3 de julio de 2013. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por haber permitido la prescripción de una deuda de 3.396 millones.
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