jueves, 15 de noviembre de 2012

El Gobierno paraliza dos años los desahucios de colectivos vulnerables y crea un fondo de vivienda social

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley con dos medidas urgentes frente a los desahucios. Estas normas consisten en evitar el desahucio de los colectivos en situación más vulnerable y en la creación de un fondo de viviendas de alquiler a precios bajos para quienes se han quedado sin casa.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se trata de "medidas urgentes y paliativas".
Saénz de Santamaría ha explicado que una de las novedades del decreto es la paralización de los lanzamientos (última fase del desahucio) de una serie de colectivos vulnerables: aquellos que no tengan rentas por encima del equivalente a 3 veces el IPREM (unos 19.200 euros al año); en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años; en los que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos; y en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.
Además, los que se beneficiarán de esta medida deben encontrarse en alguna de estas circunstancias: ser familia numerosa, tener a su cargo un menor de tres años, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo, tener una persona con discapacidad o en situación de dependencia y determinados casos de violencia de género, entre otros.
Esta medida es temporal y los desahucios se detendrán durante dos años. En ese periodo los afectados podrán permanecer en su casa sin coste alguno, según ha explicado el Ejecutivo.
Además, otra de las novedades que introduce el decreto es que se va a crear un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos para personas que han perdido su vivienda. De estas viviendas se podrán beneficiar aquellos ciudadanos que ya han sufrido el desahucio, ya que la paralización de los desalojos no tiene carácter retroactivo.
Las hipotecas se pagan
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha añadido que este fondo social de vivienda se hará de forma rápida y urgente. Además, Guindos ha subrayado que la mora hipotecaria en estos momentos es del 3% "es baja y seguirá siendo baja". Además, ha dicho que las hipotecas en España "se pagan", lo que constituye una "fortaleza" del país. "Las nuevas medidas sobre desahucios no van a perjudicar que las deudas y sus intereses se devuelvan", ha enfatizado.
El ministro ha añadido también que habrá más medidas en línea con el código de buenas prácticas del sistema financiero para evitar situaciones como estas en el futuro.
Sáenz de Santamaría ha explicado que el nuevo decreto se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el que el Ejecutivo espera aportaciones "de todos los grupos, especialmente PSOE", con el que estos últimos días ha mantenido conversaciones para intentar pactar las medidas.
Estas medidas buscan paliar un drama social que en las últimas semanas se ha posicionado en el centro del debate de la opinión pública y que afecta a las personas más vulnerables ante la crisis. Hay que recordar que desde 2007 se han registrado en España casi 400.000 ejecuciones hipotecarias, que son el paso previo al desahucio.
Advertencia de Bruselas
Sin embargo, estas medidas han sido recibidas con cierto recelo en la Comisión Europea que ha lanzado una advertencia a España recordándole que el Gobierno debería haberle consultado antes de aprobar el decreto. Hay que recordar que tras el rescate al sistema financiero español el Ejecutivo está obligado a consultar con Bruselas y con el FMI cualquier medida que pueda tener un impacto en la reestructuración de la banca, cosa que no ha hecho.
En este sentido, Guindos ha contestado que las medidas aprobadas "no afectan al procedimiento de ejecución hipotecaria. No hay una afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y, por lo tanto, el Gobierno entiende que no es necesaria esa consulta con Bruselas.
El ministro ha insistido en que el decreto aprobado responde a "una demanda social específica que no requiere la modificación de la ley hipotecaria".
"De cualquier modo, siempre estamos en contacto con las autoridades europeas y el FMI que colaboran con nosotros en la aplicación del Memorando de Entendimiento", ha añadido.
Reglas de funcionamiento del 'banco malo'
El Gobierno ha aprobado también hoy el real decreto que regula el funcionamiento del "banco malo", un instrumento "más poderoso incluso que las propias inyecciones de capital", a juicio del ministro de Economía.
Esto se debe a que la sociedad, denominada Sareb, permitirá a los bancos dejar de tener en su balance activos inmobiliarios problemáticos para dedicarse a dar créditos y captar depósitos, ha resumido De Guindos.
El titular de Economía ha recordado que el "banco malo" forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno con la Unión Europea para recibir la ayuda de hasta 100.000 millones de euros para la banca y entrará en funcionamiento el 1 de diciembre.

Suspendido un desahucio en Valencia tras pedir la afectada la paralización en un escrito

El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Valencia ha suspendido este jueves un desahucio que tenía previsto llevar a cabo en la pedanía valenciana de La Torre tras presentar la afectada, a través de un procurador, un escrito en el que pide la paralización del lanzamiento.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han explicado a Europa Press que la Comisión del Servicio Común de Notificaciones y Embargos había fechado para las 9.45 horas de este jueves la presencia en un domicilio de La Torre para proceder al lanzamiento de la vivienda afectada en un procedimiento de ejecución.
Sin embargo, el procurador de la parte afectada había presentado un escrito pidiendo la paralización del desahucio y, con el objetivo de que se pueda estudiar su contenido, la Comisión ha decidido suspender el lanzamiento.
Un integrante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha indicado a Europa Press que en la vivienda vive una mujer de 36 años en paro que no recibe ninguna prestación, junto a su hija de 13 años. En la puerta del inmueble se han concentrado alrededor de medio centenar de personas para parar el desahucio.
Según la PAH, sobre las 11.00 horas, han telefoneado al TSJCV, donde les han informado de que el desahucio había quedado suspendido. A continuación, un integrante de la plataforma y la afectada han acudido hasta la sede del TSJCV donde les han dicho que el desahucio no iba a hacerse efectivo este jueves, pero la plataforma ha lamentado que podrían volver a realizar el lanzamiento "sin notificarlo".

"paralización inmediata"
La plataforma, en un comunicado, ha exigido la "paralización inmediata" de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual y de todas las ejecuciones derivadas de ejecuciones hipotecarias, "en los que los bancos siguen embargando las vidas de las familias a las que han echado de su casa".
En este sentido, ha hecho un llamamiento a las personas afectadas a "activarse" y a exigirlo ante los juzgados, para lo que el colectivo pondrá a su disposición un modelo de escrito elaborado por la PAH para ser presentado en todos los juzgados.
La PAH ha explicado que junto a diversas entidades de la sociedad civil tiene "una propuesta concreta ante la situación de emergencia", como es la Iniciativa Legislativa Popular para la regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Sin embargo, ha lamentado que "ni PSOE ni PP quieren escuchar nada al respecto".
Según el colectivo, "en España se viola sistemáticamente el derecho a la vivienda sojuzgado por procedimientos judiciales que permiten los desalojos forzosos de población sin alternativa habitacional contraviniendo lo preceptuado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU".
Asimismo, ha denunciado que "la condena a deudas perpetuas derivada de los procedimientos de ejecución hipotecaria son condenas perpetuas a la exclusión social y a la pobreza", y las considera "violaciones sistemáticas de derechos humanos".

Un peritaje complica a la mujer de Soria

Los peritajes se realizaron siete horas después de la muerte del mandatario y arrojaron como resultado valores de 0,7 miligramos de alcohol por litro de sangre. En un cálculo retrospectivo a la hora del crimen, la bioquímica del Poder Judicial estimó que en ese momento podría haber tenido valores entre 1,6 y 2,2 miligramos de alcohol.
Los peritajes hallaron, además, rastros de Alprazolam (Alplax) por debajo de los 10 nanogramos por litro de sangre. Ese valor fue considerado por la perito como una "cantidad en rango inferior al terapéutico" y muy por debajo de una posible sobredosificación, que se mide a partir de los 120 nanogramos ingeridos.
En tanto, el médico forense Ismael Hamdam -el primero en realizar un examen psicofísico a la acusada pocas horas después del crimen- declaró que Freydoz estaba ubicada en tiempo y espacio, aunque recomendó su internación, que se concretó finalmente un mes después en el hospital público de Cipolletti, donde aún permanece alojada.
"Estaba muy cansada, pero lúcida", afirmó el médico. Agregó que semanas más tarde volvió a verla y se manifestó con "un estado de paranoia" ante el juicio que se le seguía por el asesinato de su marido y que en aquella ocasión le expresó que "quería morir".
El juicio continuará hoy con el testimonio de cuatro peritos, entre ellos el médico psiquiatra Ricardo Risso, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien fue convocado en la etapa de instrucción, y el perito de parte Carlos Cornaglia. También están citados los peritos psiquiátricos salteños Cristóbal Heredia y Roberto González y el psicólogo forense local Sergio Blanes Cáceres.
El tribunal, integrado por los jueces Carlos Gauna Kroeger, María García Balduini y Fernando Sánchez Freytes, determinará en las próximas horas la posibilidad de postergar para el 7 de noviembre la instancia de alegatos, que estaba prevista para el próximo miércoles.

Juez y fiscales constatan que el Madrid Arena era una ratonera

Sintieron escalofríos. Los miembros de la comisión judicial que anteayer escucharon a tres testigos y realizaron una inspección ocular en las instalaciones del Madrid Arena quedaron impresionados por el cúmulo de despropósitos, imprevisiones e imprudencias que pudieron constatar sobre el terreno. La conclusión fue que el recinto se convirtió la noche de Halloween literalmente en una ratonera. A la vista del resultado de la diligencia se entiende perfectamente que lo ocurrido haya tenido una primera consecuencia política en la dimisión del tercer teniente de alcalde, Pedro Calvo, encargado de la empresa pública Madrid Espacios y Congresos, que controlaba -al menos en teoría- las actividades del Madrid Arena.

El Ayuntamiento señaló a Calvo el martes ante el juez del caso, Eduardo López Palop, como el responsable de la gestión de dicho recinto y, por tanto, como la persona que debe acudir para declarar y explicar cuanto hicieron las autoridades municipales en relación con la macrofiesta. El juez no le había imputado directa y personalmente a él, sino a quien estuviera al frente de dicha empresa pública. Su imputación es el resultado de que el municipio le indique a él como el responsable de dichas instalaciones.

La inspección ocular realizada el martes precipitó la dimisión de Calvo porque permitió constatar el grave peligro que corrieron los aproximadamente 20.000 jóvenes que acudieron a la macrofiesta de la noche de Halloween. Los imputados que ya ha citado el magistrado tendrán que dar muchas explicaciones. Se trata de los organizadores, Miguel Ángel Flores, director de Diviertt, la sociedad que alquiló el local a la empresa pública dirigida por Pedro Calvo, y también los responsables de las dos empresas de seguridad contratadas para ese servicio, Kontrol 34 y Seguriber.

Todos ellos tendrán que responder al juez sobre las numerosas deficiencias constadas en la inspección ocular. La comisión judicial comprendió al llevar a cabo el recorrido por el recinto que la tragedia hubiera podido tener proporciones mucho mayores.

No sólo se produjo una entrada masiva de jóvenes muy superior al aforo del Madrid Arena, sino que el alcohol se vendió y corrió prácticamente sin control, y se lanzaron cientos de petardos.La impresión que se llevaron los miembros de dicha comisión fue que del mismo modo que entraron objetos pirotécnicos hubieran podido ser introducidos en el local otros mucho más peligrosos. Con toda probabilidad, nadie lo habría impedido, porque nadie controló de manera fehaciente qué llevaban los jóvenes, y mucho menos los que componían un numeroso grupo que hacía botellón junto al recinto. Este grupo entró en masa en el Madrid Arena poco antes de las cuatro de la madrugada, cuando se anunció que el pinchadiscos Steve Aoki, la gran estrella de la noche, iba a empezar volcar su huracán de música estridente sobre las cabezas de los asistentes a la macrofiesta. Aoki no podía saberlo, pero ahí empezó la tragedia.

Los organizadores del Madrid Arena se saltaron el aforo por planta y precintaron salidas

El informe interno encargado por Ana Botella sobre los hechos ocurridos durante la noche de Halloween en el Madrid Arena fue hecho público este jueves tras una comparecencia en la que la alcaldesa se negó a responder preguntas. Además, el Ayuntamiento decidió suspender la rueda de prensa de cada jueves para evitar que la alcaldesa o el portavoz, Miguel Ángel Villanueva, diesen explicaciones tras la dimisión del concejal Pedro Calvo, imputado en el caso.
La avalancha humana que se produjo en la pista central del pabellón el 1 de noviembre se saldó con la muerte de cuatro adolescentes por aplastamiento y una herida, de 20 años, que permanece en estado crítico. Aunque el informe "no pretende establecer responsabilidades", lo cierto es que en este documento el Consistorio desgrana una serie de irregularidades relativas al aforo y a la organización de la fiesta cometidas por la empresa responsable de la misma, Diviertt, la compañía encargada de la seguridad, Seguriber, y la sociedad contratada para controlar los accesos, Kontrol 34