La Audiencia Nacional pide más peritos para luchar contra la corrupción

Gabinete Pericial GP-GRUP. Expertos en informes judiciales

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha solicitado a los Ministerios de Hacienda e Interior que incrementen las plantillas de peritos y expertos con que cuentan los seis juzgados centrales para instruir las causas relacionadas con la corrupción y la delincuencia económica.

En un acuerdo por unanimidad hecho público este martes, la Sala de Gobierno considera que los juzgados tienen "el número necesario de funcionarios, algunos con prolongación de jornada y medios materiales suficientes", aunque deberían contar con más expertos y peritos informáticos y de la Agencia Tributaria.

 

El objetivo de esta medida, según el acuerdo, es "evitar que las instrucciones se prolonguen excesivamente en el tiempo como consecuencia de la demora de elaboración de demora de estos informes". 

En este sentido, la Sala de Gobierno, encabezada por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, tiene previsto remitir oficios a las Secretarías de Estado de estos dos Ministerios para que "faciliten la participación de estos expertos, incluso si fuera necesario mediante su dedicación exclusiva en estas investigaciones". 

De igual modo, reitera la disponibilidad de la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) para realizar las distintas diligencias judiciales y subraya que cuenta "con todos los medios necesarios y las oportunas medidas de seguridad".

"Complejidad" de los asuntos

La petición de la Audiencia Nacional se produce después de que los seis jueces centrales de Instrucción del tribunal solicitaran el pasado 30 de enero más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y vinculadas con casos de corrupción que tienen que instruir debido a la "trascendencia y complejidad" de estos asuntos. 

En la actualidad, la Audiencia Nacional instruye causas de corrupción como Gürtel, Pretoria, la SGAE o Emperador; delitos económicos como los imputados a Gerardo Díaz Ferrán o Nueva Rumasa, así como irregularidades en la entidades financieras como Bankia, la Caja de Castilla-La Mancha (CCLM), el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).