En
2013 se firmaron en España más de 1.100.000 actos de apoderamiento o
poderes, documentos públicos autorizados por un notario que permiten a
una persona física o jurídica designar a otra como su representante en
determinados actos jurídicos. Su número ha ido descendiendo desde 2007,
año en que se firmaron casi 1.400.000 (-19,6%). Sin embargo, no todos
han bajado. En concreto, los poderes preventivos para el caso de
incapacidad se ha incrementado de manera espectacular en este mismo
periodo llegando a multiplicarse por seis.
Aunque residual en valores absolutos, el Consejo General del
Notariado asegura que la tendencia indica que “los españoles empiezan a
tomar conciencia de que con la realización de un poder preventivo se
aseguran la defensa futura de sus intereses, dado que pueden designar a
la persona que los represente en caso de carecer de capacidad para poder
manifestar su voluntad”.
