martes, 5 de marzo de 2013

La Audiencia Nacional pide más peritos para luchar contra la corrupción

La Audiencia Nacional pide más peritos para luchar contra la corrupción

Gabinete Pericial GP-GRUP. Expertos en informes judiciales

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha solicitado a los Ministerios de Hacienda e Interior que incrementen las plantillas de peritos y expertos con que cuentan los seis juzgados centrales para instruir las causas relacionadas con la corrupción y la delincuencia económica.
En un acuerdo por unanimidad hecho público este martes, la Sala de Gobierno considera que los juzgados tienen "el número necesario de funcionarios, algunos con prolongación de jornada y medios materiales suficientes", aunque deberían contar con más expertos y peritos informáticos y de la Agencia Tributaria.

 
El objetivo de esta medida, según el acuerdo, es "evitar que las instrucciones se prolonguen excesivamente en el tiempo como consecuencia de la demora de elaboración de demora de estos informes". 

En este sentido, la Sala de Gobierno, encabezada por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, tiene previsto remitir oficios a las Secretarías de Estado de estos dos Ministerios para que "faciliten la participación de estos expertos, incluso si fuera necesario mediante su dedicación exclusiva en estas investigaciones". 

De igual modo, reitera la disponibilidad de la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) para realizar las distintas diligencias judiciales y subraya que cuenta "con todos los medios necesarios y las oportunas medidas de seguridad".

"Complejidad" de los asuntos

La petición de la Audiencia Nacional se produce después de que los seis jueces centrales de Instrucción del tribunal solicitaran el pasado 30 de enero más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y vinculadas con casos de corrupción que tienen que instruir debido a la "trascendencia y complejidad" de estos asuntos. 

En la actualidad, la Audiencia Nacional instruye causas de corrupción como Gürtel, Pretoria, la SGAE o Emperador; delitos económicos como los imputados a Gerardo Díaz Ferrán o Nueva Rumasa, así como irregularidades en la entidades financieras como Bankia, la Caja de Castilla-La Mancha (CCLM), el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

 

Peritos ven "contaminada políticamente" la decisión de alejar el 'Prestige'

Peritos ven "contaminada políticamente" la decisión de alejar el 'Prestige' 

PERITOS JUDICIALES GP-GRUP

Recurso del Prestige

Foto: Reuters

El expráctico de A Coruña dice que la entrada en este puerto era "como querer meter un pie del 47 en un zapato del 32"

   A CORUÑA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
   Peritos de la Escuela Superior de Marina Civil de A Coruña han defendido que llevar el buque al seno de Corcubión era "técnicamente viable" y con un impacto ecológico "menor", al tiempo que han constatado que la decisión final de alejarlo estuvo "contaminada políticamente", en el juicio que se celebra por la catástrofe marítima del 'Prestige'.
   Así, el también capitán de Marina Mercante Antonio Francisco Pita Porta ha calificado como una decisión "contaminada políticamente" el alejamiento del buque 'Prestige'  y ha defendido que, en su caso, la orden que hubiera dado sería la de llevar el barco al seno de Corcubión. "Es más razonable, técnicamente viable y el impacto menor", ha sentenciado.
   Mientras, el expráctico del Puerto de A Coruña, Evaristo Landeira, ha reconocido que tildó de "ridículo" y una "temeridad"  intentar la entrada del barco en esta instalación portuaria por su calado. "Era como querere meter un pie del 47 en un zapato del 32", ha señalado este testigo, para quien "para un barco de esa categoría no había abrigo". "En A Coruña desde luego no", ha sentenciado.
   Este práctico ha ratificado que estaba "prohibido" meter en el puerto de A Coruña un barco que vertía y ha insistido en que con el calado que tenía el 'Prestige' "lo más probable era que se quedara en la Torre de Hércules como le ocurrió al 'Mar Egeo'", ha precisado.     ALEJAMIENTO
   Antes de su testimonio, han declarado como peritos Antonio Francisco Pita, Vicente Beceiro Veiga y José Manuel Martínez Mayan, de la Escuela Superior de Marina Civil.  A Martínez Mayan, le consultó sobre el accidente el entonces capitán marítimo, Ángel del Real. También llegó a participar en alguna de las reuniones celebradas en la Delegación del Gobierno en Galicia.
   Los tres peritos han respaldado el alejamiento del barco en las primeras horas como medida "preventiva", pero han criticado que se mantuviese la decisión con posterioridad, así como el rumbo noroeste fijado al barco.
   Para estos peritos, era "factible" que el buque hubiera podido llegado en unas "10 horas" al seno de Corcubión. "Es más razonable, técnicamente viable y el impacto menor en el abrigo de Fisterra", ha señalado Antonio Franccisco Pita en alusión a las consecuencias ecológicas.


Los peritos de Reyval se ratifican en sus informes pero ponen en duda sus propios conocimientos en incineración de residuos

Los peritos de Reyval se ratifican en sus informes pero ponen en duda sus propios conocimientos en incineración de residuos

Ayer tuvo lugar el acto de ratificación de los informes presentados por la empresa Reyval en el contencioso-administrativo presentado por la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació y Ayuntamiento de Alcora sobre la concesión d de la AAI. Por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente como parte demandada, ha hecho acto de presencia su abogado sin hacer pregunta alguna a los peritos. También estuvieron el abogado del Ayuntamiento de l’Alcora y Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, Albert Calduch, junto con el portavoz de la Plataforma, Toni Albert, y los responsables y representantes legales de la empresa Reyval.






A las preguntas del abogado, los peritos de Reyval evidenciaron, según la Plataforma, “sus pocos conocimientos de incineración, como demuestra que a finales del 2008, a las alegaciones que presentó el ayuntamiento, uno de los peritos redactores del informe pericial, autor del proyecto básico, tuviera que reconocer que el horno propuesto en el proyecto de 2007 no podía tratar los residuos propuestos, sino cinco veces menos y que por tanto las emisiones iban a ser cinco veces mayores. Ante las alegaciones del Ayuntamiento posteriores, demostrando la incompetencia del proyecto, Reyval contrató en 2009 un experto para realizar un nuevo proyecto totalmente distinto al contemplado en el proyecto original. Dicho proyecto fue analizado por el Jefe de Área de Calidad Ambiental, responsable de la tramitación de la AAI, instando a la empresa a reiniciar el procedimiento, por entender que se había producido una modificación sustancial. Este suceso es evitado por la empresa en sus informes así como las modificaciones sustanciales de emisiones en el proceso de incineración, que pasaron de 33.000 Nm3/hora a 180.000 Nm3/hora, más del 500%, sin que exista evaluación por parte de la empresa o la administración autonómica del incremento significativo de impacto ambiental que supone”.
Los peritos respondieron primero a las preguntas de la abogada de Reyval, dirigidas a enfatizar en las supuestas bondades del proyecto e intentar demostrar que no se han producido modificaciones sustanciales. Con posterioridad, a preguntas del abogado del Ayuntamiento y Plataforma, sobre estas modificaciones sustanciales del proyecto inicial, los peritos contratados por la empresa han respondido que después de concedida la AAI, es cuando corresponde realizar las concreciones técnicas al proyecto, llegando a decir que es entonces cuando se decide hacer uno, dos o incluso tres hornos de incineración, o se concretan las características técnicas de las medidas correctoras, por ejemplo tamaño de filtros y resto de equipo de tratamiento de gases. De hecho es así como se ha ido tramitando la AAI, pues no existe en ninguna parte de toda la documentación mención alguna a las características concretas de los equipos de tratamiento de gases, teniendo en cuenta que los volúmenes de emisión de estos gases de la incineración se multiplican por cinco en la AAI respecto del proyecto inicial. Según este interesado planteamiento, primero se pone a exposición pública un proyecto básico, con un escueto estudio de impacto ambiental, si es que se le puede llamar así, y después de la exposición pública se modifica al gusto de la empresa solicitante, con el beneplácito de la administración autonómica competente, a pesar de que el total de las emisiones atmosféricas autorizadas, supongan tres veces más emisiones que las propuestas inicialmente.
Tampoco le dieron importancia al cambio de materiales a incinerar producido después del proceso de información pública, pasando de pretender incinerar poco más que trapos, papel y madera, a quemar además, hasta 48 tipos de residuos considerados peligrosos, algunos de ellos residuos peligrosos sanitarios, disolventes, pinturas y tintas, que incinerados, pueden provocar emisiones peligrosas, incluso en las mejores condiciones de funcionamiento de la instalación. Estos materiales suponen ahora más del 80% de los destinados a incinerar, según la AAI.
También quedó en evidencia que el tratamiento, que en principio pretendía reciclar y reutilizar materiales como disolventes y otros residuos recuperables y que en el proyecto básico se recuperaban, junto con el agua, ahora se pretenden simplemente incinerar porque es más rentable, saltándose la jerarquía que plantea la Directiva Marco de Residuos en las prioridades en el tratamiento, especialmente en los residuos peligrosos.
Los peritos de Reyval, a la pregunta de Calduch, sobre las distancias a núcleos urbanos, se acogieron a que en el 2006 se le concedió licencia urbanística para un proyecto básico, a pesar de que en los estudios de impacto ambiental redactados por uno de ellos, se mintiera sobre estas distancias, ubicando en principio al municipio de l´Alcora a seis km cuando en realidad está a menos de 3 km. En el informe pericial se reconoce ahora que la distancia respecto del municipio d Alcora es de 3 km, pero todavía se sitúa a San Juan de Moró a seis km,( en el estudio de impacto ambiental a 7 km), cuando en realidad está a 3,9 km de la planta de tratamiento de residuos de Reyval. Parece que hay cierto interés del responsable del estudio en alejar, aunque sea en el papel, a los núcleos urbanos, ya que en los estudios de impacto ambiental ni siquiera se menciona la pedanía del Mas de Flors de San Juan de Moró, que está a unos 2,5 km de la planta de Reyval.
La Plataforma considera que “se ha puesto en evidencia cómo ese proyecto, después de la exposición pública, se ha modificado sustancialmente sin que esas modificaciones se hayan visto reflejadas en la evaluación de impacto ambiental y que los ciudadanos, en el momento de aquella información pública, no conocieran las verdaderas intenciones de la empresa, puesto que se evitó mencionar la palabra incineración en el resumen no técnico del proyecto, que es el destinado a la información de los ciudadanos, dando una imagen de bajo impacto ambiental, con volúmenes de emisión que se vieron incrementados cinco veces finalmente así como el supuesto tratamiento en la incineración de trapos, madera y papel, que posteriormente se vio incrementado con numerosos tipos de residuos tóxicos y peligrosos, llegando a suponer el 78% del material incinerado”.
“Todas estas modificación sustanciales, después de la exposición pública, son cuestiones que suponen un alto impacto ambiental en las comarcas por los altos niveles de contaminación que soportan ya pues se superan los límites de inmisión de partículas en la comarca”.

 

Los peritos no pueden acreditar que la letra sea de Bárcenas

El informe definitivo que han realizado los agentes del Departamento de Documentoscopia, de la Unidad Central de Criminalística de la Brigada de Policía Científica, que han examinado los documentos (la práctica totalidad de ellos fotocopias y una muestra indubitada realizada en sede judicial) que les remitió la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta letra del que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha llegado a la conclusión de que no se puede acreditar, con total fiabilidad, que sean de esta persona.


 

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la comparación de la letra de las fotocopias y de la citada muestra no permite concluir que sean del mismo autor. Según trascendió días pasados, los agentes sospechan que Bárcenas modificó deliberadamente su letra.

En un primer examen, tal y como adelantó este periódico en su edición del pasado 14 de febrero, la letra de las fotocopias y la de la muestra parecían realizadas por la misma persona (conclusión a la que también habían llegado peritajes particulares encargados por medios de comunicación que habían analizado las fotocopias y una carta atribuida a Bárcenas).

Sin embargo, al tratarse de un peritaje policial requerido por la Fiscalía Anticorrupción la certeza para atribuir ambos documentos a una misma persona tiene que ser absoluta, lo que no ha ocurrido en este caso, según las citadas fuentes.

El peritaje ha sido realizado por dos agentes (como suele ser habitual en asuntos importantes) del citado Departamento de Documentoscopia y la conclusión a la que han llegado es que no se puede acreditar de forma indubitada que ambos documentos hayan sido escritos por Bárcenas. Los problemas con los que se han encontrado es que ha habido que trabajar con fotocopias y que la letra de la muestra parece haber sido deformada de manera deliberada.

El futuro del 'caso Bankia' en manos de dos peritos

Los dos peritos del Banco de España Antonio González Ruiz y Víctor Sánchez Nogueras tienen en sus manos el futuro del ‘caso Bankia’. Ambos han sido designados por el organismo estatal para que den respuesta a las peticiones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que busca posibles irregularidades en el proceso de fusión de las siete cajas que dio lugar a BFA, la matriz de Bankia, si las hubo en la concesión de créditos a sí mismos por parte de los directivos, así como si se utilizaron “artificios contables” en la reformulación de las cuentas de 2011.



Protesta a las puertas de la Audiencia Nacional Foto: AFP
Protesta a las puertas de la Audiencia Nacional
Foto: AFP
Esas y otras peticiones del juez están en una providencia dictada por el instructor del caso, el juez Andreu, a la que tuvo acceso Terra. El escrito llega una semana después de que finalizaran los interrogatorios de los 33 ex consejeros y de otros relevantes cargos presuntamente vinculados con el proceso de fusión y salida a bolsa de Bankia. Sólo resta que preste declaración por escrito el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien se acogió a esta prerrogativa como miembro del Ejecutivo. Según fuentes jurídicas, De Guindos aún no ha recibido el listado de preguntas, pendiente de concertar por las partes.

Tres peritos confirman al juez que Barakaldo podría haber instalado un ascensor en La Inmaculada

 Barakaldo. Se podría haber instalado un ascensor. Los tres peritos que se mostraron ayer ante el juez en el caso que enfrenta a la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia, Fekoor, y al Ayuntamiento de Barakaldo, coincidían en que la zona de La Inmaculada podría haber acogido un elevador en lugar de escaleras mecánicas. El juicio para esclarecer si Barakaldo incumplió la Ley de Promoción de Accesibilidad al implantar estos accesos mecánicos en lugar "de la opción más accesible para todas las personas" comenzó ayer con la entrega de las pruebas periciales al juez. "Todos los peritos coinciden", subrayó Guillermo Treku, abogado de Fekoor, a la espera ya de que se dé traslado al caso y se dictamine una sentencia. 




El de La Inmaculada se ha convertido en el primer caso en que una federación de personas con discapacidad lleva a un Ayuntamiento a los tribunales. Sendoa Quijada, vecino de Cruces que padece la enfermedad conocida como Huesos de Cristal, despertó las primeras reivindicaciones al comprobar que los nuevos accesos no convertían en más accesible el camino hacia su vivienda. Con su silla de ruedas, al joven se le hace imposible utilizar las escaleras mecánicas. La ley establece que a la hora de mejorar la accesibilidad se debe escoger siempre la opción más accesible. Esta pasa, para Fekoor, por la instalación de ascensores "a los que pueden acceder todas las personas tanto para subir, como para bajar, algo que las escaleras no permiten ni a personas con movilidad reducida, ni a quienes lleven carritos de niños ni a personas mayores", subraya Treku. El abogado ha defendido siempre que la zona de La Inmaculada puede acoger un ascensor, tal como quedó demostrado ayer mediante los informes realizados por el arquitecto de la federación, el ingeniero contratado por el Ayuntamiento fabril para realizar el proyecto y el técnico municipal.
Tomar conciencia A pesar de los resultados, "el técnico aún mantiene que para él, la solución más accesible son las escaleras", resaltó el abogado de Fekoor. Además, tras comenzar la polémica, el Ayuntamiento culminó el proyecto con la construcción de unas rampas fijas "que no han podido acreditar que estuvieran proyectadas desde el inicio". Estas rampas obligan a recorrer 400 metros a las personas con movilidad reducida cuando por las escaleras se recorren 200.
A la espera de que se dicte una sentencia, Treku aseguró "haber ganado de antemano" y es que "hemos conseguido -dijo- que muchos municipios, incluso de fuera de Euskadi, tomen conciencia y opten por soluciones más accesibles como son los ascensores".

Caso Barcenas. Expertos contables.

La impaciencia se extiende tanto en el Gobierno como en el PP. Ha pasado un mes y medio desde que se conoció que Luis Bárcenas tenía 22 millones en Suiza, que ya son 38. Un mes desde que se publicaron los papeles del extesorero y María Dolores de Cospedal anunció demandas del PP y de los dirigentes afectados. Y el escándalo no para de crecer sin que nadie lo zanje. Ayer ni siquiera se habían presentado las demandas prometidas, un nuevo retraso.


La presión en el Ejecutivo y en el propio PP crece para que el partido tome la iniciativa, salga al ataque contra Bárcenas y trate de zanjar un asunto que aplasta la agenda del Gobierno. Todos miran a Cospedal, la secretaria general, la única que de momento sí ha demandado a Bárcenas de forma individual. Pero ella tiene que poner de acuerdo con varios dirigentes históricos, aclarar qué va a hacer Mariano Rajoy, coordinar la decisión. El presidente tiene como siempre la última palabra, y eso hace que las decisiones se alarguen. Aún así, parece que la presentación de denuncias es inminente. Tal vez hoy mismo o el lunes. De momento ayer, mucho más rápido, el PP sí anunció una demanda contra IU por asegurar que hubo financiación ilegal.

El juez de la Audiencia de Barcelona Santi Vidal denuncia una caza de brujas de Torres-Dulce

Redacción (Barcelona).- El juez de la Audiencia de Barcelona, Santi Vidal, ha denunciado "una censura o una caza de brujas internas preocupante" en el seno de la carrera judicial, "incluido entre los propios jueces conservadores" que tiene en el caso del fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, su último episodio.



En declaraciones a RAC1, Vidal ha reprochado la actitud del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras iniciar el proceso para promover la destitución de Rodríguez Sol después de que este se pronunciase a favor de una posible consulta sobre el derecho a decidir dentro de un marco legal. Vidal ha lamentado que le duele mucho que "Torres-Dulce no haya sido capaz de marcar una línea" y que "esperábamos un poco más de independencia y de carácter" en él.
El juez de la Audiencia de Barcelona ha defendido la integridad del fiscal jefe de Catalunya y ha señalado la irreprochabilidad de las palabras de Rodríguez Sol. El juez ha reconocido que había un aviso del fiscal superior del Estado de "quien se mueve de la foto no sale en ella", y "el fiscal de Catalunya ha decidido moverse un poco de la foto", pero se trata de "unas declaraciones tan moderadas que yo también las suscribiría", ha asegurado.
Sobre el futuro del fiscal de Catalunya, Vidal ha explicado que no tiene por qué acabar en destitución. Así, puede haber sanción leve, puede desembocar en un traslado o puede haber destitución, "pero esto lo tiene que decidir el Consejo Fiscal, no sólo el fiscal General del Estado, porque afortunadamente es un órgano colegiado", ha advertido.
Además, Vidal ha garantizado que va a haber reacciones en defensa de Rodríguez Sol, como desde la asociación Jueces para la Democracia. Sin embargo, ha advertido de que tienen que ser "los propios fiscales" quienes muestren su apoyo al de Catalunya porque "si no apoyan lo que ha hecho un compañero suyo entonces lo tienen muy mal porque se estarán autocensurado".

Metodo 3 , siempre ha sido una de las mejores empresas de investigación

La policía investigaba el espionaje al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y rebuscó entre los pagos que recibió Método 3, la agencia de detectives implicada ahora en otro espionaje, a otra líder del PP. Un informe de junio de 2012 revela los múltiples clientes de la polémica agencia: desde la Sociedad General de Autores hasta el Consejo de Enfermería, pasando por empresas implicadas en la trama Gürtel de corrupción en el PP.

www.gp-grup.com 


Francisco Marco 
Francisco Marco dirigió Método 3 hasta el ERE, el pasado mes de agosto.
 
El responsable de la agencia de detectives salió de los calabozos que la Policía Nacional tiene en la Ciudad Condal a media mañana del pasado jueves. Francisco Marco, director de la firma Método 3, fue el último de los cuatro detenidos en pisar la calle. Previamente, tres de sus exempleados habían desfilado también ante el juez de guardia. Todos están imputados por un presunto delito de revelación de secretos.
Los cuatro detectives habían sido detenidos dos días antes, acusados de comerciar con los expedientes de la agencia tras la filtración de un espionaje a la presidenta del Partido Popular de Cataluña (PPC), Alicia Sánchez-Camacho, que fue grabada en el restaurante barcelonés La Camarga mientras mantenía un encuentro con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola.
Francisco Marco reconoció haber trabajado para todos los grandes partidos catalanes, aunque matizó que los encargos políticos suponían únicamente el 5 por ciento de la facturación de su agencia, que despidió a sus empleados, mediante un ERE, hace ya meses. Entre rumores y filtraciones, el único informe policial que trató de averiguar los clientes de Método 3 se realizó el pasado mes de junio, en el marco del espionaje al ahora presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez (PP). El juez autorizó a revisar las cuentas de Método 3, sospechosa de haber participado en dosieres contra González, lo que permitió dibujar un mapa de quiénes pagaron a los detectives.