Una paciente denunció a tres odontólogos y una clínica por una supuesta mala praxis, ya que, considera que le aplicaron un tratamiento obsoleto. Tras un largo proceso por los tribunales, finalmente, los tres especialistas fueron absueltos.
En la primera instancia, dos de los tres profesionales fueron absueltos, mientras que el tercero fue condenado a un año de prisión, un año de inhabilitación en el ejercicio de su profesión y a pagar una indemnización de 50.000 euros a la mujer. El juez consideró que era culpable de un delito de lesiones por imprudencia grave profesional. Tanto el perito odontólogo de la acusación como el perito judicial concluyeron que se había cometido un error de planificación y a la impericia del profesional cuando aplicó el tratamiento. Sin embargo, no especificaron cuáles fueron las irregularidades.
El profesional decidió recurrir la sentencia a segunda instancia. En la Audiencia su objetivo era demostrar que si bien el tratamiento odontológico no era el más actualizado, sí que estaba ajustado a la praxis normal. Además, en el recurso de apelación se atacó a los peritos tanto de la acusación como del forense. En el caso del primero se demostró que existía un conflicto de intereses porque había acordado con la paciente un tratamiento que superase los 40.000€, sin dudar que el seria el perito durante el proceso. En cuanto al perito forense se demostró que el informe pericial estaba plagado de errores y no se ajustaba a la realidad.
Por su parte la clínica puso de relieve que ponía a disposición del cliente todos los recursos materiales y humanos. Además, presentó un acuerdo extrajudicial firmado por las dos partes en el cual la paciente renunciaba a todas las acciones civiles o penales. Además, de todos los peritos que participaron en el juicio, aparte del forense y el de acusación, se demostró que cualquier intervención de esa índole podía conllevar riesgos. Finalmente, la Audiencia falló a favor del dentista.
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