El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley con
dos medidas urgentes frente a los desahucios. Estas normas consisten en
evitar el desahucio de los colectivos en situación más vulnerable y en
la creación de un fondo de viviendas de alquiler a precios bajos para
quienes se han quedado sin casa.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se trata de "medidas urgentes y paliativas".
Saénz de Santamaría ha explicado que una de las novedades del decreto
es la paralización de los lanzamientos (última fase del desahucio) de
una serie de colectivos vulnerables: aquellos que no tengan rentas por
encima del equivalente a 3 veces el IPREM (unos 19.200 euros al año); en
los que se haya producido una alteración significativa de las
circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya
multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años;
en los que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos
netos; y en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca
sobre la única vivienda en propiedad.
Además, los que se beneficiarán de esta medida deben encontrarse en
alguna de estas circunstancias: ser familia numerosa, tener a su cargo
un menor de tres años, ser deudores en paro y sin prestación por
desempleo, tener una persona con discapacidad o en situación de
dependencia y determinados casos de violencia de género, entre otros.
Esta medida es temporal y los desahucios se detendrán durante dos
años. En ese periodo los afectados podrán permanecer en su casa sin
coste alguno, según ha explicado el Ejecutivo.
Además, otra de las novedades que introduce el decreto es que se va a
crear un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos para
personas que han perdido su vivienda. De estas viviendas se podrán
beneficiar aquellos ciudadanos que ya han sufrido el desahucio, ya que
la paralización de los desalojos no tiene carácter retroactivo.
Las hipotecas se pagan
Por su parte, el ministro
de Economía, Luis de Guindos, ha añadido que este fondo social de
vivienda se hará de forma rápida y urgente. Además, Guindos ha subrayado
que la mora hipotecaria en estos momentos es del 3% "es baja y seguirá
siendo baja". Además, ha dicho que las hipotecas en España "se pagan",
lo que constituye una "fortaleza" del país. "Las nuevas medidas sobre
desahucios no van a perjudicar que las deudas y sus intereses se
devuelvan", ha enfatizado.
El ministro ha añadido también que habrá más medidas en línea con el
código de buenas prácticas del sistema financiero para evitar
situaciones como estas en el futuro.
Sáenz de Santamaría ha explicado que el nuevo decreto se tramitará en
las Cortes con un proceso de diálogo en el que el Ejecutivo espera
aportaciones "de todos los grupos, especialmente PSOE", con el que estos
últimos días ha mantenido conversaciones para intentar pactar las
medidas.
Estas medidas buscan paliar un drama social que en las últimas
semanas se ha posicionado en el centro del debate de la opinión pública y
que afecta a las personas más vulnerables ante la crisis. Hay que
recordar que desde 2007 se han registrado en España casi 400.000
ejecuciones hipotecarias, que son el paso previo al desahucio.
Advertencia de Bruselas
Sin embargo, estas
medidas han sido recibidas con cierto recelo en la Comisión Europea que
ha lanzado una advertencia a España recordándole que el Gobierno debería
haberle consultado antes de aprobar el decreto. Hay que recordar que
tras el rescate al sistema financiero español el Ejecutivo está obligado
a consultar con Bruselas y con el FMI cualquier medida que pueda tener
un impacto en la reestructuración de la banca, cosa que no ha hecho.
En este sentido, Guindos ha contestado que las medidas aprobadas "no
afectan al procedimiento de ejecución hipotecaria. No hay una afectación
profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y, por lo tanto, el
Gobierno entiende que no es necesaria esa consulta con Bruselas.
El ministro ha insistido en que el decreto aprobado responde a "una
demanda social específica que no requiere la modificación de la ley
hipotecaria".
"De cualquier modo, siempre estamos en contacto con las autoridades
europeas y el FMI que colaboran con nosotros en la aplicación del
Memorando de Entendimiento", ha añadido.
Reglas de funcionamiento del 'banco malo'
El
Gobierno ha aprobado también hoy el real decreto que regula el
funcionamiento del "banco malo", un instrumento "más poderoso incluso
que las propias inyecciones de capital", a juicio del ministro de
Economía.
Esto se debe a que la sociedad, denominada Sareb, permitirá a los
bancos dejar de tener en su balance activos inmobiliarios problemáticos
para dedicarse a dar créditos y captar depósitos, ha resumido De
Guindos.
El titular de Economía ha recordado que el "banco malo" forma parte
del compromiso adquirido por el Gobierno con la Unión Europea para
recibir la ayuda de hasta 100.000 millones de euros para la banca y
entrará en funcionamiento el 1 de diciembre.