Un mero folio resume dos años de gestiones de un juez y una
secretaria judicial para escanear 80.000 documentos incautados en los
registros domiciliarios de un caso de corrupción política. El folio no
tiene desperdicio, por la impotencia que destila y la falta de medios en
la Administración de Justicia que retrata. Ocurre en Canarias, donde la
competencia de medios materiales en los juzgados está transferida a la
comunidad autónoma. Aún no han conseguido su propósito.
El auto alcanzó notoriedad este viernes, 14 de noviembre, porque cita
como imputado a Fernando Clavijo, quien ganó en las primarias a Paulino
Rivero para ser el candidato a presidente de Canarias por Coalición
Canaria. El juez le imputa los supuestos delitos de malversación de
fondos públicos, falsedad de documento, prevaricación y tráfico de
influencias dentro del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
El magistrado, César Romero Pamparacuatro, del juzgado de instrucción
1 de La Laguna, relata en el auto las gestiones para conseguir un
escáner y un funcionario que les eche una mano con el escaneado.
Gestiones realizadas ante la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.
Esta es la crónica que consta en el auto:
19 de junio de 2012: La secretaria judicial remite oficio a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que
es contestado dos días después.
26 de julio de 2012: Diligencia de la secretaria judicial donde
transmite “la imposibilidad de trasladar las actuaciones y la ingente
documentación al Palacio de Justicia de Santa Cruz donde parece que
existe un escáner”.
27 de julio de 2012: El magistrado llama al Director General de la
Administración de Justicia “manifestando su secretaria que no era motivo
suficiente para molestar al llmo. Sr Director General”.
8 de agosto de 2012: Contesta de nuevo la Dirección General al oficio
del 19 de junio. Anuncia que “se instalará por breve periodo un escáner
en las sedes del Juzgado de lnstrucción no. 1 y no. 4 de esta ciudad”.
23 de agosto de 2012: Diligencia de la secretaria en la que se hace
constar a la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia “que con el personal que se dispone en el breve periodo de
tiempo que está a disposición el escáner no se puede practicar la
diligencia de escaneado, solicitando en su caso un funcionario de
refuerzo para su desarrollo”.
16 de octubre de 2012: La secretaria judicial dicta una diligencia
para hacer constar “que ha transcurrido el plazo (un mes) por e! cual se
nos retiró el escáner para servir a otro Juzgado y no se ha devuelto”.
7 de junio de 2013: Nuevo oficio de la secretaria judicial dirigido a
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
“por el que se solicita nuevamente que el escáner no sea retirado”.
12 de junio de 2013: Oficio de la Sra Secretaria dirigido a esa
dirección general “por el que se solicita nuevamente que el escáner no
sea retirado y enviado a un Juzgado de Los Llanos de Aridane”.
23 de octubre de 2013: Escrito del magistrado dirigido a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ·poniendo de
manifiesto la situación del procedimiento y la posibilidad de que
existieran dilaciones indebidas por la ausencia de los medios materiales
y personales no suministrados ni nombrados por la DGRAJ”.
25 de noviembre de 2013: Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de
Canarias en el que “se da por enterada y acuerda remitir escrito” a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia “para
que provea de un escáner y nombre un funcionario de refuerzo para la
digitalización de los autos”.
27 de noviembre de 2013: Oficio conjunto firmado por la secretaria
del juzgado y el magistrado “instando la dotación de escáner y
nombramiento de funcionario al acumularse las causa de especial
complejidad y volumen precisadas de digitalización”.
29 de mayo de 2014: Oficio de la secretaria del juzgado Decano de San
Cristóbal de La Laguna “anunciando la implantación de escáner en el
Palacio de Justicia”.
*Queda pendiente de escaneado los más de 80.000 documentos incautados
en los registros domiciliarios y los expedientes administrativos que
componen las piezas de convicción de los hechos objetos de este
procedimiento”, prosigue el auto para entrar ya en los fundamentos de
derecho por el que se imputa al alcalde de La Laguna. Esta resolución
judicial causó el viernes un terremoto político en Canarias.
El Gobierno de Canarias es el responsable de aportar a los juzgados y
tribunales de esa autonomía los recursos humanos y materiales, como el
escáner reclamado desde hace dos años por este juzgado.
El Ejecutivo de Canarias está gobernado por Coalición Canaria,
partido al que pertenece el alcalde imputado en este auto, Fernado
Clavijo, quien encabezará la lista de esta formación en las próximas
elecciones municipales y autonómicas de 2015.
Por su parte, el juez César Romero Pamparacuatro llevó a cabo los casos más sonados de corrupción política de Lanzarote, donde estaba destinado con anterioridad. Entre ellos destaca el caso Unión, una trama de comisiones ilegales que afecta al Partido Independiente de Lanzarote, a su líder Dimas Martín y a numerosos políticos y funcionarios locales.
