La sentencia dictada este jueves considera que la Ley 1/2013 de medidas
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aprobada con el
único respaldo del PP, viola la normativa europea al no permitir al
deudor recurrir la suspensión de la ejecución hipotecaria. Deberá
reformarse la Ley de Enjuiciamiento
El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado esta
semana contra la ‘ley antidesahucios’ aprobada por el Partido Popular en
mayo de 2013. La sentencia dictada este jueves, 17 de julio, considera que la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos ciudadanos, por lo que deberá reformarse la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Según el tribunal, la normativa coloca al deudor en una situación de inferioridad respecto del banco
ya que en el caso de que un juzgado de lo mercantil de la razón al
hipotecado frente a la entidad porque considera que se ha aplicado una
cláusula abusiva y suspenda la ejecución de una hipoteca, el banco puede
recurrir en apelación. Pero si el juez sentencia a favor del banco, el
deudor no puede recurrir en segunda instancia para solicitar esa
suspensión de la ejecución hipotecaria. Solo si al final el juzgado de
lo mercantil da la razón al hipotecado, éste recibirá una indemnización,
pero ya habrá perdido su casa.
La sentencia estima, así, una cuestión prejudicial planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón
en relación con las posibilidades que una persona afectada por un
proceso de ejecución hipotecaria tiene para oponerse a determinadas
decisiones judiciales.
El pasado mes de abril, el tribunal de Castellón entendió que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución,
en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone la
diferencia de oportunidades a oponerse a una decisión judicial
desfavorable en materia de ejecución hipotecaria entre ejecutante
(banco) y ejecutado.
El artículo antes referido recoge: “Contra el auto que ordene el
sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva
podrá interponerse recurso de apelación”. Y añade: “Fuera de estos
casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo
no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se
circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”.
Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, de la directiva 93/13/CEE del Consejo,
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y de acuerdo con el artículo 47 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entiende que no debe ser
así. Para subsanar la cuestión, la sentencia del TJUE indica que será
necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una ley aprobada a raíz de otra resolución europea
El TJUE ya dictaminó, en marzo del año pasado, que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria porque
impedía al juez suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria
para analizar si existen cláusulas abusivas en la hipoteca. A raíz de esa sentencia se aprobó la Ley 1/2013, que entró en vigor el pasado 15 de mayo de 2013.
Hasta entonces se celebraba el juicio para analizar si había
cláusulas abusivas o no cuando la persona ya había perdido el inmueble y
no lo podía recuperar, lo que, según el TJUE, vulneraba la normativa
europea.
El Tribunal de Luxemburgo dictaminó entonces que la Directiva europea
sobre cláusulas abusivas se oponía a la normativa hipotecaria española,
porque la declaración de nulidad de dichas cláusulas sólo permitía
garantizar al consumidor “una protección a posteriori meramente
indemnizatoria”, que resultaba “incompleta e insuficiente” y que no
evita la pérdida definitiva e “irreversible” de la vivienda.
Entre otras cuestiones, como consecuencia de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013
sobre las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, dictada en el asunto por el que se resuelvió la cuestión prejudicial planteada ante la justicia comunitaria por el juez José María Fernández Seijó, se facultó expresamente al notario para que advirtiera a las partes de que alguna cláusula del contrato podía ser abusiva.
Otros aspectos de la ley, pendientes de resolución por el TJUE
Por otro lado, sigue pendiente de resolución la cuestión formulada por el magistrado de Santander, Jaime Anta González,
que se pregunta si cuando una cláusula de interés moratorio es
considerada abusiva, el juez debe deducir como consecuencia “la invalidez de todo tipo de interés moratorio”
. El juez considera que no se debe permitir que el banco recalcule el
interés moratorio, si es abusivo, “sino que debe ser expulsado del
contrato sin suplirlo”.
También solicitó al Tribunal Europeo que se pronuncie, de conformidad
con la nombrada Directiva 93/13/CEE, si, caso de considerarse abusiva
la cláusula de vencimiento anticipado -que es la que
permite dar por resuelto el contrato y tener por debidas todas las
cantidades que el consumidor tenía que devolver al profesional pero en
un largo plazo-, debe entenderse “por no puesta” y deducir las
consecuencias que procedan aun cuando el profesional haya esperado el
tiempo mínimo “previsto en la norma nacional”.
