El BCE inicia la compra de deuda y baja los tipos al mínimo del 0,05%

Las medidas intentan evitar el estancamiento de la economía europea.

Mario Draghi gastó el jueves una de sus últimas balas a la vista de que la recuperación tartamudea: el paro sigue en máximos, la inflación se le escurre de entre las manos y el otoño, en fin, empieza con la amenaza de un peligroso estancamiento para mucho tiempo. El Banco Central Europeo (BCE) rebajó el jueves por enésima vez el tipo de interés oficial —la mejor medida del miedo en la economía, decía John Keynes— hasta el 0,05%, y aplicó un castigo aún mayor a los fondos que los bancos dejan ociosos en su ventanilla, que ahora se gravan con intereses negativos del -0,20%. 

 

El precio del dinero, rondando la zona del 0% desde hace meses, ha dejado de tener la importancia que solía en Fráncfort; incluso con esa extravagancia de los tipos negativos. Más allá de esa señal cosmética, Draghi se había autoimpuesto una enorme presión. No defraudó: anunció que pondrá en marcha en octubre las compras de activos privados, los denominados ABS (títulos respaldados por deuda privada, cuyo mercado europeo es relativamente pequeño) y también bonos garantizados (covered bonds en la intraducible jerga anglosajona de las finanzas) como las cédulas hipotecarias. Todo eso con una “mayoría confortable”: es decir, sin unanimidad. Y con la esperanza, quizá vana con la que está cayendo, de que la banca vuelva a prestar.

Todos los colegios de abogados se concentrarán en defensa de la Justicia Gratuita

Los decanos y juntas de de gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España participarán este jueves en Madrid en una marcha conjunta en contra del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualmente en trámite parlamentario.

Los participantes, que vestirán con toga, partirán de la sede de la Abogacía a las 11:30 de la mañana hasta el bulevar central dónde se situará una carpa. Allí, el presidente de la Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, leerá un manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita que posteriormente firmarán todos los decanos.

Los Colegios se oponen a este Proyecto de Ley porque consideran que menosprecia la labor de los abogados del turno de oficio porque no se garantiza el pago puntual, que hace más lenta la labor de los Colegios y de los abogados porque burocratiza el servicio, que no garantiza la financiación pública del servicio y que desconfía de los ciudadanos. Carnicer, en una carta abierta a todos los abogados para explicar su oposición y los motivos de la marcha, asegura que “el actual proyecto supone un retroceso respecto a la Ley de 1996 en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos”.

Los Colegios también denuncian la reducción de 42 millones de euros del presupuesto de la Asistencia Jurídica Gratuita, sobre todo a través de rebajar los baremos que cobran los abogados de oficio. Así, desde la abogacía afirman que en algunos casos estos baremos no se actualizan desde 2003, que en otros se han reducido hasta un 40% y que en casi todos se paga a los abogados a 2 euros la hora.

Carnicer asegura en su misiva que la Abogacía no va a bajar la guardia porque el proyecto de Ley “sospecha de los ciudadanos, sospecha de los abogados y sospecha de los Colegios. ¿Se puede hacer política desde la desconfianza y ausencia de diálogo serio?”. Además, el presidente del CGAE ofrece su colaboración con el Gobierno para “enderezar el proyecto y darle la calidad que merecen los ciudadanos, especialmente aquellos que se beneficiarán directamente por vivir en una situación mayor de desamparo”.

Además de la lectura del manifiesto, en la carpa habrá también una zona habilitada para que los ciudadanos puedan estampar su firma contra la Ley y para informarles de los perjuicios que esta norma implica para la sociedad y para los abogados.

La concentración también servirá para mostrar la oposición unánime de los colegios de abogados a la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que podría empezar su recorrido en las cortes las próximas semanas. Entre otras medidas, el texto del anteproyecto Ley prevé la reducción de colegios al ámbito provincial y limitar la colegiación obligatoria sólo para aquellos abogados que intervengan en juzgados y tribunales. Según un informe encargado por el CGAE, está ley acarreará más de 4.000 mil despidos.

Solo la mitad de los abogados conoce qué es el pro bono

Tan solo un 57,5% de los abogados conoce el pro bono legal, la prestación voluntaria de asesoramiento jurídico en beneficio de comunidades necesitadas. El porcentaje casi coincide con aquellos abogados que realizan actividades de este tipo, el 41,8% del total. Dentro de este grupo, la gran mayoría de los mismos lo hacen dentro de bufetes, un 82%, mientras que un 18% lo realiza a título individual.

Así lo confirma un estudio pionero realizado por la Fundación Aranzadi Lex Nova (Thomson Reuters) en colaboración con profesores de marketing de la Universidad de Valladolid, que ha contado con una muestra cercana a los 500 letrados, encuestados con el objetivo de conocer la situación del pro bono legal en España.
A parte de la prestación voluntaria de asesoramiento jurídico gratuito en beneficio de comunidades necesitadas y las organizaciones que les asisten, el trabajo Pro Bono también incluye tareas de formación jurídica gratuita a estas entidades sociales y sus beneficiarios. Se trata de una actividad que no tiene regulación en nuestro país y se distingue del turno de oficio en que está orientado mayoritariamente a entidades sin ánimo de lucro y no a asesorar directamente a personas físicas.
Dentro de los bufetes, la principal razón para sumarse a esta corriente solidaria, según se desprende del estudio, es el compromiso de la profesión con la sociedad, seguido de la satisfacción personal y profesional. Además, los abogados encuestados pertenecientes a despachos han destacado como otras de las principales motivaciones el considerar que es una responsabilidad moral del bufete y el sentirse comprometidos con las causas con las que ayudan.
A diferencia de los abogados de bufetes, para aquellos que lo hacen a título individual, la principal razón que les impulsa a hacer Pro Bono en su tiempo libre es la satisfacción personal, seguida del compromiso con las causas en las que ayuda y la consideración de que es una responsabilidad de la profesión con la sociedad.
El estudio también ha analizado el grado de conocimiento de pro nono dentro de las ONG, de las que solamente el 28,1% indica saber previamente en qué consiste, mientras que el 71,9% señala que no lo conocía.
Con estos datos, la Fundación Aranzadi Lex Nova se reafirma en su convencimiento de la necesidad de promover el Pro Bono legal en España. Por eso, ha lanzado su programa “Conexión Pro Bono”, en el que recoge diversas iniciativas para la promoción y el desarrollo de esta corriente, así como para facilitar el acceso a abogados y a ONG a esta práctica.

El poder preventivo por incapacidad se multiplica por seis

En 2013 se firmaron en España más de 1.100.000 actos de apoderamiento o poderes, documentos públicos autorizados por un notario que permiten a una persona física o jurídica designar a otra como su representante en determinados actos jurídicos. Su número ha ido descendiendo desde 2007, año en que se firmaron casi 1.400.000 (-19,6%). Sin embargo, no todos han bajado. En concreto, los poderes preventivos para el caso de incapacidad se ha incrementado de manera espectacular en este mismo periodo llegando a multiplicarse por seis.

Aunque residual en valores absolutos, el Consejo General del Notariado asegura que la tendencia indica que “los españoles empiezan a tomar conciencia de que con la realización de un poder preventivo se aseguran la defensa futura de sus intereses, dado que pueden designar a la persona que los represente en caso de carecer de capacidad para poder manifestar su voluntad”.

700 euros por defender de oficio a los acusados de Terra Mítica

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Duran, ha exigido a la Conselleria que retribuya mejor el trabajo de los abogados del Turno de Oficio cuando asuman macrojuicios. Actualmente, la remuneración por juicios de “especial complejidad” es de 700 euros para todo el proceso, pero desde el ICAV afirman que en algunos casos esta cantidad no cubre los costes ni las horas de trabajo de los abogados, y por eso solicita que se establezca una remuneración mayor para casos extraordinarimante voluminosos.

Así, Duran ha denunciado que los abogados que han asumido la defensa de los imputados en el caso Terra Míticia o de los imputados en el caso de corrupción de Paterna -con 566 imputados y 25 tomos de proceso- sólo van a cobrar 700 euros por toda la causa. “Es indignante y un insulto a la dignidad de la profesión que se pague a 700 euros todo el trabajo: sólo en copias en y horas de estudio es evidente que la retribución es indigna”, concluye.

Hay 37 personas acusadas en el caso Terra Mítica dónde se investiga el presunto pago de cuatro millones de euros a diversas empresas por servicios inexistentes

Por eso el decano exige a la Conselleria que equipare la retribución de todos los casos que por volumen, número de tomos, horas de trabajo y personas imputadas requieran mayor dedicación y gastos, a la retribución que se ha pactado con el Colegio para los abogados del caso Emarsa, de 3.500 euros.

Así mismo, Duran ha pedido a la Conselleria que reclame al Ministerio de Justicia el dinero de las tasas judiciales recaptadas en Valencia para poder retribuir correctamente a los abogados del turno de oficio o que devuelva las competencias de Justicia si la Comunidad Valenciana está mal financiada.

Los economistas piden a Hacienda y a la Seguridad Social mayor flexibilidad con las empresas en apuros

El Consejo General de Economistas ha denunciado hoy que la “decimonónica” forma de operar de las administraciones públicas con las empresas que no pueden pagar sus deudas está contribuyendo a que muchas Pymes suspendan pagos y cierren, por lo que pide más flexibilidad.

 

“Se pide a los bancos que sean comprensivos con las empresas que no pueden hacer frente a sus créditos y que accedan a la renegociación de la deuda y quitas, pero resulta que las administraciones públicas son totalmente inflexibles con sus acreedores en apuros”, ha afirmado hoy Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, al tiempo que ha denunciado que el “obsoleta” y “decimonónica” forma de operar de la Administración está abocando a muchas empresas a la suspensión de pagos y la liquidación, con el agravante de que Hacienda y la Seguridad Social, en muchas ocasiones, se quedan sin cobrar sus deudas y pierden clientes al cerrar la empresas, la mayoría micropymes asfixiadas por la crisis económica y la falta de crédito.

Pero la crítica de los economistas no es la única, tanto la Unión Europea como el FMI han recomendado a España una normativa flexible que permita que los créditos públicos asuman de primera mano un papel determinante en la solución de las empresas con dificultades económicas. El presidente de los economistas aseguró que el Gobierno tendría que replantearse el actual sistema de sanciones con las que opera Hacienda y la Seguridad Social, totalmente ineficaz y que va en contra tanto de la empresa afectada como de la Administración, y ser flexibles con las compañías y micropymes en apuros, estableciendo cauces de negociación para facilitar prorrogas, renegociar la forma de pago e incluso si es necesario hacer quitas.

Pich realizó estas declaraciones en la presentación del estudio “Análisis de la Pyme en la Reforma Concursal y la Incidencia del Crédito Público” en el que a través de un análisis del panorama concursal de nuestro país se pone de manifiesto el lastre que para la pequeña empresa en España supone el peso del crédito público y su marco regulatorio a la hora de encontrar vías eficaces para su reflotación y el mantenimiento del empleo. En la presentación el presidente de los economistas estuvo acompañado por el presidente del REFOR-CGE, Organización de Expertos en Economía Forense del Consejo General, Leopoldo Pons.

Micropymes en apuros

La empresa tipo concursada en España es una micropyme con plantilla de uno a nueve trabajadores y volumen de negocio inferior a dos millones de euros. Las micropymes en España, que representan casi un 60% de los concursos de acreedores, suponen el 95,7% de todas las empresas, en comparación con la Unión Europea, un 3,6 puntos por encima de la estimación disponible para el conjunto de la UE en 2012 (92,1%).
Mediante un estudio muestral por volumen de concurso se observa cómo el crédito público, AEAT y Seguridad Social, se concentra especialmente en una empresa de menos de cinco millones de pasivo, pues supone un 20% de los créditos. A medida que va creciendo el pasivo el porcentaje del crédito público, va disminuyendo. Así, para una empresa de cinco a 10 millones de euros de pasivo baja al 6% y si el pasivo se incrementa de 10 a 50 millones no llega al 2%. En el tramo de pasivo de micropymes inferior a un millón de euros el peso del crédito público supera el 30%.

La normativa

La Ley 7/2012 de intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que modifica la Ley General Tributaria, regula un nuevo aspecto antes no contemplado en situaciones en concurso de acreedores, modificando el Artículo 65 de dicha ley que implica la inadmisibilidad, con carácter general, de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias y entre ellas de retenciones e ingresos a cuenta, según Instrucción de la AEAT de 2013.
En la misma tónica, el Artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social y la Circular 2013 del Ministerio de Empleo, que lo desarrolla,  suscriben “El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería General de la Seguridad Social el derecho de abstención en los procesos concursales”.
La modificación de los anteriores artículos de la LGT , artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social y de la correspondiente Circular de 2013, proporcionaría un entorno más flexible, que permita quitas y esperas, al mismo nivel que los acuerdos de refinanciación, y sobre todo tipo de créditos en los concursos de acreedores, y no sólo los ordinarios.
De cara a la reforma concursal que se está tramitando en el Congreso, desde el Consejo de Economistas a través del  REFOR, se explicitan, entre otras propuestas, tres aspectos en aras de una mayor eficiencia concursal: que las personas jurídicas que pueden ser administradores concursales sean sociedades profesionales; reforzar el papel desempeñado por el administrador concursal uniformando su formación inicial y continua con la colaboración de los Consejos y Colegios Profesionales y dividir los concursos en tres segmentos, según la dimensión del pasivo, de forma que las designaciones  las realicen los Jueces de lo Mercantil, de forma específica, para cada sector

Condenado un policía nacional que simuló el robo de una pulsera que luego empeñó

Un policía nacional ha sido condenado por un delito de simulación de delito por haber denunciado en falso que el 13 de septiembre de 2012 tres individuos de origen marroquí, tras forcejar y darle varios empujones y una patada, le sustrajeron dos anillos y una pulsera marca Esclava realizada con oro.

Esta denuncia dio lugar a una investigación policial y a la incoación de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que fueron archivadas por falta de autor conocido.

Según consta en la sentencia, dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, el acusado consiguió que, al día siguiente de la denuncia del robo, su compañía aseguradora le abonara por la pulsera 356,65 euros, una cantidad que devolvió el 5 de marzo de 2013 tras enterarse que las pesquisas policiales habían llevado a los agentes investigadores a averiguar que esa pulsera había sido empeñada por él en una joyería el 22 de febrero.


El magistrado considera que los hechos son constitutivos de un delito de simulación de delito en concurso medial (cuando se cometen dos o más acciones delictivas y una de ellas es necesaria para cometer la otra) con una falta de estafa, por las que le impone sendas penas de 2.880 y 480 euros de multa, respectivamente.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el juez rebate la coartada esgrimida por el encausado. Así, destaca que “choca sobre manera que un agente de policía con experiencia en el cuerpo tarde casi 12 horas en denunciar un hecho tan grave como es un robo con violencia cuando sabe que la identificación de los autores es más fácil cuanto más rápida es la intervención policial”.

También destaca que el procesado, a pesar de que narró en su denuncia que había recibido una patada, no acudió a centro médico alguno para certificar las lesiones sufridas.
En sus declaraciones, el agente reconoció que encontró la pulsera el 2 de febrero en la rueda de tope que tiene para evitar que choque su vehículo contra la pared al aparcarlo. Al respecto, el magistrado tacha de incongruente esta “excusa” que “pugna contra las normas de la lógica y contra su propia denuncia” y resalta que, en lugar de comunicar el hallazgo de la pulsera a la policía, optó por empeñar la joya y obtener un rendimiento económico por ello.