¿Cómo actuar si nuestro vehículo ha resultado dañado por el fraude del gasóleo adulterado?

La macroperación llevada a cabo estos días para desarticular una red que presuntamente adulteraba gasóleo agrícola y de calefacción, (ambos reciben bonificaciones) para venderlo en gasolineras como combustible apto para vehículos ha sido una de las noticias que más titulares ha acaparado esta semana. Pero, ¿es peligroso para nuestro coche utilizar este tipo de combustible? Lo que podría parecer un tema baladí, no lo es tanto si tenemos en cuenta que desde varias organizaciones de consumidores ya se ha solicitado que se hagan públicos los nombres de las estaciones de servicio que presuntamente estarían implicadas para que los usuarios  puedan realizar las pertinentes denuncias si sus vehículos han resultado dañados.

De hecho, si los clientes de las gasolineras que habrían cometido el fraude pueden demostrar que se han dañado sus motores, podrán reclamar a la estación de servicio una indemnización por daños y perjuicios.  Desde el gabinete pericial PERITOS JUDICIALES GP-GRUP,  especializado, entre otras disciplinas, en la realización de peritajes de automóviles, recomendamos  que los consumidores que hayan podido verse afectados se pongan en manos de un perito o  ingeniero mecánico, el profesional que podrá evaluar si se han producido daños en el vehículo y emitir un informe técnico que así lo corrobore. Un documento que será de vital importancia para una reclamación posterior. En este caso, sería también importante disponer de tickets del repostaje, facturas u otros documentos que puedan acreditar que se ha llenado el depósito en estos establecimientos.

Pero ¿qué daños podrían haber sufrido los coches que hayan repostado habitualmente en las gasolineras que formaban parte de la trama? En principio, el gasóleo B (gasóleo para uso agrícola)  no presentaría grandes diferencias respecto al combustible para automoción (gasóleo  A), ya que, a diferencia de lo que pasaba años atrás, cuando este producto contenía más impurezas, actualmente  se ha ido refinando para adaptarse a los motores de los tractores y otra maquinaria, cada vez más sofisticados y tecnológicamente avanzados. Las diferencias, en todo caso, podrían venir por  los aditivos mejorados que se usan en el combustible destinado a los vehículos y que no se añaden al gasóleo agrícola y por el hecho de que este producto estaría menos filtrado. Además, claro está, del color, ya que el gasóleo agrícola se tiñe de rojo para evitar confusiones y fraudes.

Sin embargo, los expertos recuerdan que si la red añadía sustancias al combustible para “engordarlo” (aumentar su volumen),  habría que ver con detenimiento qué productos se habrían incorporado y su peligro para los motores. En caso de haber añadido aceites, queroseno o alcoholes para aumentar el volumen del gasóleo, habría que revisar los inyectores o, incluso los pistones del vehículo, que podrían haber resultado dañados.

En el caso del gasóleo de calefacción (C), la situación se complicaría. Este tipo de combustible presenta diferencias importantes respecto al gasóleo de automoción, ya que está concebido específicamente para la producción de calor y, por este motivo, contiene grandes cantidades de parafina, además de muchas más impurezas. Es también un producto más viscoso y su uso en vehículos podría resultar muy peligroso y los daños en los motores, más importantes.

Las técnicas de reconocimiento facial: el arma de la policía para identificar a autores de actos vandálicos como los de Can Vies

El desalojo del edificio ocupado Can Vies, en Barcelona, ha generado esta semana una oleada de altercados que, después de cuatro noches consecutivas de incidentes, se ha saldado con con más de 40 detenidos. Sin embargo, no todos los causantes de los disturbios han sido arrestados por los Mossos d’Esquadra y, por este motivo, la policía científica trabajará en los próximos días para identificar a los agitadores que provocaron la quema de contenedores, los ataques a entidades bancarias y otros actos vandálicos utilizando técnicas forenses de reconocimiento facial, como las que desarrolla el gabinete pericial Peritos Judiciales GP-Grup con expertos de primer nivel.

El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen o de un fotograma clave de una fuente de vídeo, y comparándolas con una base de datos, es decir, el programa de reconocimiento facial aplica una especie de rejilla al rostro que mide las distancias entre los ojos, la nariz, la boca, etc. y busca coincidencias con las imágenes de las que ya se dispone. Se trata pues, de algo muy parecido a lo que solemos ver en las películas o series de televisión, cuando se coteja la imagen de un sospechoso con las fichas de una base de datos para saber si éste está fichado por la policía y, poder así identificarlo.

Precisamente, pese a que pueda parecer sólo un recurso cinematográfico sin aplicación real, actualmente la situación es justo la contraria. El reconocimiento facial se ha convertido en los últimos años en un área de investigación activa que abarca diversas disciplinas, como el procesado de imágenes, la visión por ordenador, el reconocimiento de patrones y las redes neuronales. De hecho, esta disciplina se aborda desde una doble vertiente, involucrando tanto a investigadores del área informática como a neurocientíficos y psicólogos.

Además, incluye también el reconocimiento de objetos. En este caso, la cara es un objeto tridimensional sujeto a variaciones de iluminación, posición, etc. que se compara con su proyección en 2 o 3 dimensiones dependiendo de la técnica utilizada.

En el caso de Can Vies, no obstante, la identificación puede resulta más compleja, ya que muchos de los autores de los atentados realizaron los actos vandálicos con la cara cubierta, usando pañuelos o bufandas para cubrir total o parcialmente sus rostros.

El cigarrillo electrónico: verdades y mentiras de un producto en el centro de la polémica

¿Son peligrosos para la salud? ¿Sirven realmente para dejar de fumar? ¿Hay que legislar su uso en espacios públicos como si se tratara de tabaco convencional? El cigarrillo electrónico ha generado una gran polémica y se ha situado en el ojo del huracán desde su irrupción en el mercado hace apenas dos años. Sin embargo, el boom de su venta parece empezar a deshincharse según un artículo que publicaba esta semana La Vanguardia, en el que se alertaba de que casi un 70% de los negocios dedicados a este producto han cerrado sus puertas en los últimos meses después de una drástica caída de las ventas.

Pero, ¿sabemos exactamente cómo funcionan estos cigarrillos y si realmente representan algún peligro para la salud? Desde Peritos Judiciales GP-Grup,  especialista en peritajes químicos y análisis de toxicología a nivel nacional, intentamos dar respuesta a algunas de estas preguntas para a despejar dudas sobre un producto envuelto en la polémica.

Empezaremos, por lo tanto, por el principio. ¿Qué es el cigarrillo electrónico? Se trata de un dispositivo inhalador que emite vapor de agua (como si fuera humo) diseñado para sustituir o reducir el consumo de tabaco y que puede contener nicotina en diferentes concentraciones o estar libre de este elemento y usar sólo aromatizantes de diferentes sabores. En el mercado existen innumerables modelos y diseños pero, esencialmente, su funcionamiento es el  mismo. Todos constan de un sensor que activa el mecanismo cuando el fumador aspira, una batería eléctrica recargable, un cartucho intercambiable con la nicotina y los saborizantes y un atomizador, que consiste básicamente en una resistencia que convierte el líquido en vapor cuando pasa a través de él.

La polémica estaría, precisamente, en el contenido de estos cartuchos, ya que, aunque los médicos reconocen que contiene menos sustancias nocivas que el tabaco convencional, también alertan de que incluye algunos elementos que pueden resultar perjudiciales para la salud, como el propilenglico (un irritante de las vías respiratorias), la glicerina o las nitrosaminas (consideradas cancerígenas). Además, un estudio de la  Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) realizado en 2009 alertaba de la detección de varios tóxicos en estos cigarrillos que no aparecerían en el etiquetado pero podrían resultar peligrosos para la salud.

No obstante, más allá de su contenido, otro punto polémico del cigarrillo electrónico es el hecho de que pueda inducir al hábito de fumar. Para muchos, resulta un mal ejemplo para los menores, ya que se tiene la percepción de que no se está haciendo nada perjudicial, aunque se evoca el acto de fumar, lo que podría inducir al tabaquismo a personas que no eran fumadoras o perpetuar el hábito en otras que piensan erróneamente que lo están dejando pero no lo hacen en realidad (puesto que siguen consumiendo nicotina en mayor o menor grado).

Quizás por eso, el Congreso acotó recientemente su uso en lugares públicos, prohibiendo los cigarrillos electrónicos en escuelas, hospitales, parques infantiles y transportes públicos, aunque, de momento, dejó vía libre para su uso en bares y restaurantes.

Una polémica que ha acompañado a este producto desde sus inicios y que, lejos de remitir, sigue en el centro del debate. 

Y vosotros ¿Usáis cigarrillos electrónicos? ¿Creéis que es una buena opción para dejar de fumar? ¿Los prohibiríais en lugares públicos?

Menos de la mitad de los errores médicos que se producen en España llegan a juicio

Esperó seis años para operarse tras diagnosticarle una curvatura en la espalada, pero la operación no fue el fin de su problema, sino el principio de uno mayor. Es el caso de una joven que fue víctima de una negligencia médica cuando se le colocó un tornillo en un lugar equivocado durante una intervención y que, según han publicado varios medios de comunicación esta semana, será indemnizada con casi un millón de euros, ya que se ha considerado que sufrirá secuelas de por vida.   Sin embargo, lo que puede parecer un hecho aislado o un caso puntual, podría no ser tan inusual si tenemos en cuenta que 692 personas fallecieron en España en 2012 por presunta  negligencia médica, según datos de la memoria anual que elabora la asociación Defensor del Paciente, los únicos datos disponibles sobre esta materia, ya que en nuestro país no existe un registro oficial de estos sucesos.

Sin embargo, se cree que menos de la mitad de estos casos llegan finalmente a juicio.  Pero ¿cuáles son las negligencias médicas más comunes y porque muchos de estos errores no se juzgan? Desde el gabinete pericial GP-Grup, especializado, entre otras disciplinas, en negligencias médicas, intentamos dar respuestas a estas preguntas para arrojar algo de luz a un tema siempre delicado y de gran impacto social.

Las negligencias médicas más comunes suelen ser cualquier tipo de intervención quirúrgica con resultado lesivo,  cualquier tipo de infección hospitalaria o de contagio, los retrasos en las actuaciones médicas o en la espera de una ambulancia, una prescripción inadecuada, los daños por mala utilización del material quirúrgico o que no se utilicen los medios adecuados de diagnóstico, entre otros. Siempre que de estas actuaciones se derive un daño o secuela en el paciente, podemos hablar de una negligencia médica y existirá una base para realizar una reclamación.

Pero ¿cómo reclamar? Si el paciente que ha sido víctima de una negligencia decide acudir a los tribunales, es importante que reúna material para poder acreditar los daños sufridos (pruebas médicas, informes hospitalarios… en definitiva, todo el papeleo que pueda reunir) y que tome fotografías de sus lesiones, de modo que quede constancia gráfica de los daños a pesar de que éstos puedan evolucionar con el paso del tiempo.

Es también imprescindible que recurra a profesionales especializados en este tipo de casos. En este sentido, contactar con un abogado que se dedique a esta área desde el primer momento puede resultar de gran ayuda, ya que, en muchas ocasiones, los primeros instantes pueden resultar cruciales para la posterior resolución del caso.

 Asimismo, resultará muy importante contar con otro médico, un perito experto que pueda estudiar la documentación y las pruebas del paciente y pueda determinar el tipo exacto de negligencia producido, elaborando un informe pericial, un documento que será básico para el posterior procedimiento.

La figura del perito calígrafo judicial, de profesión relativamente desconocida a oficio mediático gracias al caso Bárcenas

La figura del perito calígrafo judicial ha pasado desapercibida durante mucho tiempo, sin embargo casos como el del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, la han situado en la primera línea de la actualidad y le han dado cierto protagonismo en los últimos tiempos. Pero ¿en qué consiste la profesión de perito calígrafo y cuáles son sus funciones? En GP-Grup tratamos de dar respuesta a estas preguntas para arrojar luz sobre una figura que puede resultar clave en casos de falsificaciones o estafas, entre otros.

Los peritos calígrafos provienen de diferentes carreras (pueden ser abogados, juristas, criminólogos, profesores…) y suelen haber accedido a una formación de posgrado (ya sea un curso de postgrado o un máster) para especializarse en esta disciplina. Deben acreditar también, no sólo que cuentan con la formación suficiente, sino que además, poseen experiencia contrastada.

A partir de aquí, su trabajo consistirá en la elaboración de informes periciales y en actuar ante los tribunales de justicia  para la detección y determinación de falsificaciones documentales de todo tipo, anónimos que se puedan recibir en papel, delitos que utilicen textos manuscritos (en esta categoría deberían incluirse los famosos papeles del caso Bárcenas) o cualquier otro aspecto que se pueda detectar a través de la escritura.

En definitiva, sus funciones consisten en determinar la autenticidad de papeles, textos manuscritos y/o firmados, rúbricas, etc. a través del cotejo de los grafismos (mediante pruebas de escritura comparativas y otras técnicas) pero sin entrar en valoraciones psicológicas, ya que esta tarea correspondería a la figura del grafólogo, que es quien se encarga de determinar el carácter de una persona mediante su escritura.

GP-Grup, es una empresa especializada en la tramitación, gestión y elaboración de todo tipo de informes periciales y cuenta en su equipo con expertos en caligrafía que realizan peritajes caligráficos de todo tipo (firmas, peritajes de vises o peritajes de copias de documentos, entre otros).

El ICAB denuncia que los ciudadanos paguen la resintonización de la TDT

Otro claro ejemplo de abuso de poder y falta de sensibilidad ciudadana...

"La ‘Plataforma Ciudadana contra el Fraude en las Telecomunicaciones ‘ se presentó este lunes en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona ( Mallorca 283). El acto, presidido por el decano de los abogados de Barcelona, Oriol Rusca, contó con la participación del director de ‘La Plataforma Ciudadana contra el Fraude en las Telecomunicaciones’, Francisco Garrobo y del abogado que coordina todas las acciones jurídicas de esta nueva plataforma, Josep Jover.

Garrobo explicó que “la Plataforma ha nacido precisamente el 6 de mayo de 2014 , a raíz de la “muerte”de los canales de TV Xplora, Nitro, la Sexta3 , Nueve, La Siete y los antiguos canales donde emitían AXN, Marca TV, Intereconomía TV y MTV España porque este hecho supone un ataque a los ciudadanos en el acceso a la información gratuita”.

Por este motivo, el director de la ‘Plataforma ciudadana contra el Fraude en las Telecomunicaciones’ aseguró que “el Gobierno debería indemnizar a los ciudadanos de manera proporcional al número de canales y multiplex que han desaparecido, pero también porque como consecuencia de un error del Gobierno todos los ciudadanos que usen una antena colectiva deberán volver a sintonizar la TDT antes de finalizar el año para poder ver muchos canales de televisión como TV3, canal 33, 324, Tele 5, La Sexta, TVE entre otros”. Esta situación afectará a la visualización de estas cadenas en Barcelona, ​​pero no a los canales locales dado que estos emiten con frecuencias más bajas.

Ante esta situación, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, argumentó que “debido a las tasas judiciales muchos ciudadanos o incluso comunidades de vecinos a título personal e individual no podrán reclamar sus derechos ante el Administración para reclamar sus derechos”. Por este motivo, lamentó que “una vez más el Gobierno establece medidas que van en contra de los intereses de las personas, y ha puesto como ejemplo la normativa que establece la posibilidad de que se expropien azoteas comunitarios para instalar antenas de telefonía móvil”. Rusca también agradeció la confianza para hacer la presentación de esta nueva iniciativa en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona y deseó “éxito” a La Plataforma Ciudadana contra el Fraude en las Telecomunicaciones.

Por su parte, el abogado Josep Jover explicó que pese a la Unión Europea ha establecido que se deben dejar libres los canales del 60 al 69 ( UHF ) para la tecnología 4G , la realidad es que el Gobierno español ha vendido ya los canales del 50 al 61 (UHF), de manera que con las ganancias percibidas por el dividendo digital alcanzado en la subasta a las operadoras móviles el Gobierno español podría asumir el coste de volver a resintonizar la TDT, que se estima en unos 100 euros mínimo por vivienda."

¿Limitan a las personas los honorarios profesionales?

Lamentablemente los gastos que debe de soportar un cliente para poder demandar o contestar una demanda son elevados. Es por esa razón que mucha gente prefiere no denunciar por no poder sufragar estos importes o por que al final será "lo comido por lo servido".

En la actualidad cualquier reclamación que no supere los 3.000 €, no se acostumbra a tramitar a no ser que se vea el procedimiento con claridad meridiana y se pueda optar a que se condene a costas a la otra parte.

Siempre es recomendable solicitar un estudio de viabilidad previo, y contar con el consejo legal adecuado y honesto para no embarcarse en "guerras perdidas" 

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