Urbanismo reitera que sus peritos ven imposible derribar parte del edificio Fenosa
Peritos Expertos GP-GRUP
Abogados y Peritos Judiciales. Comentamos temas de actualidad, curiosidades, problemáticas, articulos profesionales, etc. relacionados en la medida de lo posible con el sector legal. Invitamos a que nuestros lectores dejen sus comentarios.
domingo, 10 de marzo de 2013
martes, 5 de marzo de 2013
La Audiencia Nacional pide más peritos para luchar contra la corrupción
La Audiencia Nacional pide más peritos para luchar contra la corrupción
Gabinete Pericial GP-GRUP. Expertos en informes judiciales
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha solicitado a los
Ministerios de Hacienda e Interior que incrementen las plantillas de
peritos y expertos con que cuentan los seis juzgados centrales para
instruir las causas relacionadas con la corrupción y la delincuencia
económica.
En un acuerdo por unanimidad hecho público este martes, la Sala de Gobierno considera
que los juzgados tienen "el número necesario de funcionarios, algunos
con prolongación de jornada y medios materiales suficientes", aunque
deberían contar con más expertos y peritos informáticos y de la Agencia
Tributaria.
El objetivo de esta medida, según el acuerdo, es "evitar que las
instrucciones se prolonguen excesivamente en el tiempo como consecuencia
de la demora de elaboración de demora de estos informes".
En este sentido, la Sala de Gobierno, encabezada por el presidente de
la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, tiene previsto remitir oficios a
las Secretarías de Estado de estos dos Ministerios para que "faciliten
la participación de estos expertos, incluso si fuera necesario mediante
su dedicación exclusiva en estas investigaciones".
De igual modo, reitera la disponibilidad de la sede que la Audiencia
Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) para realizar las
distintas diligencias judiciales y subraya que cuenta "con todos los
medios necesarios y las oportunas medidas de seguridad".
"Complejidad" de los asuntos
La
petición de la Audiencia Nacional se produce después de que los seis
jueces centrales de Instrucción del tribunal solicitaran el pasado 30
de enero más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y vinculadas con casos de corrupción que tienen que instruir debido a la "trascendencia y complejidad" de estos asuntos.
En la actualidad, la Audiencia Nacional instruye causas de corrupción
como Gürtel, Pretoria, la SGAE o Emperador; delitos económicos como los
imputados a Gerardo Díaz Ferrán o Nueva Rumasa, así como
irregularidades en la entidades financieras como Bankia, la Caja de
Castilla-La Mancha (CCLM), el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia o la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Peritos ven "contaminada políticamente" la decisión de alejar el 'Prestige'
Peritos ven "contaminada políticamente" la decisión de alejar el 'Prestige'
PERITOS JUDICIALES GP-GRUP
Foto: Reuters
El expráctico de A Coruña dice que la entrada en este puerto era "como querer meter un pie del 47 en un zapato del 32"
A CORUÑA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Peritos de la Escuela Superior de Marina
Civil de A Coruña han defendido que llevar el buque al seno de Corcubión
era "técnicamente viable" y con un impacto ecológico "menor", al tiempo
que han constatado que la decisión final de alejarlo estuvo
"contaminada políticamente", en el juicio que se celebra por la
catástrofe marítima del 'Prestige'.
Así, el también capitán de Marina Mercante Antonio Francisco Pita
Porta ha calificado como una decisión "contaminada políticamente" el
alejamiento del buque 'Prestige' y ha defendido que, en su caso, la
orden que hubiera dado sería la de llevar el barco al seno de Corcubión.
"Es más razonable, técnicamente viable y el impacto menor", ha
sentenciado.
Mientras, el expráctico del Puerto de A Coruña, Evaristo Landeira,
ha reconocido que tildó de "ridículo" y una "temeridad" intentar la
entrada del barco en esta instalación portuaria por su calado. "Era como
querere meter un pie del 47 en un zapato del 32", ha señalado este
testigo, para quien "para un barco de esa categoría no había abrigo".
"En A Coruña desde luego no", ha sentenciado.
Este práctico ha ratificado que estaba "prohibido" meter en el
puerto de A Coruña un barco que vertía y ha insistido en que con el
calado que tenía el 'Prestige' "lo más probable era que se quedara en la
Torre de Hércules como le ocurrió al 'Mar Egeo'", ha precisado.
ALEJAMIENTO
Antes de su testimonio, han declarado como peritos Antonio
Francisco Pita, Vicente Beceiro Veiga y José Manuel Martínez Mayan, de
la Escuela Superior de Marina Civil. A Martínez Mayan, le consultó
sobre el accidente el entonces capitán marítimo, Ángel del Real. También
llegó a participar en alguna de las reuniones celebradas en la
Delegación del Gobierno en Galicia.
Los tres peritos han respaldado el alejamiento del barco en las
primeras horas como medida "preventiva", pero han criticado que se
mantuviese la decisión con posterioridad, así como el rumbo noroeste
fijado al barco.
Para estos peritos, era "factible" que el buque hubiera podido
llegado en unas "10 horas" al seno de Corcubión. "Es más razonable,
técnicamente viable y el impacto menor en el abrigo de Fisterra", ha
señalado Antonio Franccisco Pita en alusión a las consecuencias
ecológicas.
Los peritos de Reyval se ratifican en sus informes pero ponen en duda sus propios conocimientos en incineración de residuos
Los peritos de Reyval se ratifican en sus informes pero ponen en duda sus propios conocimientos en incineración de residuos
Ayer
tuvo lugar el acto de ratificación de los informes presentados por la
empresa Reyval en el contencioso-administrativo presentado por la
Plataforma Ciutadana No a la Contaminació y Ayuntamiento de Alcora sobre
la concesión d de la AAI. Por parte de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente como parte demandada, ha
hecho acto de presencia su abogado sin hacer pregunta alguna a los
peritos. También estuvieron el abogado del Ayuntamiento de l’Alcora y
Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, Albert Calduch, junto con el
portavoz de la Plataforma, Toni Albert, y los responsables y
representantes legales de la empresa Reyval.
A las preguntas del abogado, los peritos de Reyval evidenciaron, según la Plataforma, “sus pocos conocimientos de incineración, como demuestra que a finales del 2008, a las alegaciones que presentó el ayuntamiento, uno de los peritos redactores del informe pericial, autor del proyecto básico, tuviera que reconocer que el horno propuesto en el proyecto de 2007 no podía tratar los residuos propuestos, sino cinco veces menos y que por tanto las emisiones iban a ser cinco veces mayores. Ante las alegaciones del Ayuntamiento posteriores, demostrando la incompetencia del proyecto, Reyval contrató en 2009 un experto para realizar un nuevo proyecto totalmente distinto al contemplado en el proyecto original. Dicho proyecto fue analizado por el Jefe de Área de Calidad Ambiental, responsable de la tramitación de la AAI, instando a la empresa a reiniciar el procedimiento, por entender que se había producido una modificación sustancial. Este suceso es evitado por la empresa en sus informes así como las modificaciones sustanciales de emisiones en el proceso de incineración, que pasaron de 33.000 Nm3/hora a 180.000 Nm3/hora, más del 500%, sin que exista evaluación por parte de la empresa o la administración autonómica del incremento significativo de impacto ambiental que supone”.
Los peritos respondieron primero a las preguntas de la abogada de Reyval, dirigidas a enfatizar en las supuestas bondades del proyecto e intentar demostrar que no se han producido modificaciones sustanciales. Con posterioridad, a preguntas del abogado del Ayuntamiento y Plataforma, sobre estas modificaciones sustanciales del proyecto inicial, los peritos contratados por la empresa han respondido que después de concedida la AAI, es cuando corresponde realizar las concreciones técnicas al proyecto, llegando a decir que es entonces cuando se decide hacer uno, dos o incluso tres hornos de incineración, o se concretan las características técnicas de las medidas correctoras, por ejemplo tamaño de filtros y resto de equipo de tratamiento de gases. De hecho es así como se ha ido tramitando la AAI, pues no existe en ninguna parte de toda la documentación mención alguna a las características concretas de los equipos de tratamiento de gases, teniendo en cuenta que los volúmenes de emisión de estos gases de la incineración se multiplican por cinco en la AAI respecto del proyecto inicial. Según este interesado planteamiento, primero se pone a exposición pública un proyecto básico, con un escueto estudio de impacto ambiental, si es que se le puede llamar así, y después de la exposición pública se modifica al gusto de la empresa solicitante, con el beneplácito de la administración autonómica competente, a pesar de que el total de las emisiones atmosféricas autorizadas, supongan tres veces más emisiones que las propuestas inicialmente.
Tampoco le dieron importancia al cambio de materiales a incinerar producido después del proceso de información pública, pasando de pretender incinerar poco más que trapos, papel y madera, a quemar además, hasta 48 tipos de residuos considerados peligrosos, algunos de ellos residuos peligrosos sanitarios, disolventes, pinturas y tintas, que incinerados, pueden provocar emisiones peligrosas, incluso en las mejores condiciones de funcionamiento de la instalación. Estos materiales suponen ahora más del 80% de los destinados a incinerar, según la AAI.
También quedó en evidencia que el tratamiento, que en principio pretendía reciclar y reutilizar materiales como disolventes y otros residuos recuperables y que en el proyecto básico se recuperaban, junto con el agua, ahora se pretenden simplemente incinerar porque es más rentable, saltándose la jerarquía que plantea la Directiva Marco de Residuos en las prioridades en el tratamiento, especialmente en los residuos peligrosos.
Los peritos de Reyval, a la pregunta de Calduch, sobre las distancias a núcleos urbanos, se acogieron a que en el 2006 se le concedió licencia urbanística para un proyecto básico, a pesar de que en los estudios de impacto ambiental redactados por uno de ellos, se mintiera sobre estas distancias, ubicando en principio al municipio de l´Alcora a seis km cuando en realidad está a menos de 3 km. En el informe pericial se reconoce ahora que la distancia respecto del municipio d Alcora es de 3 km, pero todavía se sitúa a San Juan de Moró a seis km,( en el estudio de impacto ambiental a 7 km), cuando en realidad está a 3,9 km de la planta de tratamiento de residuos de Reyval. Parece que hay cierto interés del responsable del estudio en alejar, aunque sea en el papel, a los núcleos urbanos, ya que en los estudios de impacto ambiental ni siquiera se menciona la pedanía del Mas de Flors de San Juan de Moró, que está a unos 2,5 km de la planta de Reyval.
La Plataforma considera que “se ha puesto en evidencia cómo ese proyecto, después de la exposición pública, se ha modificado sustancialmente sin que esas modificaciones se hayan visto reflejadas en la evaluación de impacto ambiental y que los ciudadanos, en el momento de aquella información pública, no conocieran las verdaderas intenciones de la empresa, puesto que se evitó mencionar la palabra incineración en el resumen no técnico del proyecto, que es el destinado a la información de los ciudadanos, dando una imagen de bajo impacto ambiental, con volúmenes de emisión que se vieron incrementados cinco veces finalmente así como el supuesto tratamiento en la incineración de trapos, madera y papel, que posteriormente se vio incrementado con numerosos tipos de residuos tóxicos y peligrosos, llegando a suponer el 78% del material incinerado”.
“Todas estas modificación sustanciales, después de la exposición pública, son cuestiones que suponen un alto impacto ambiental en las comarcas por los altos niveles de contaminación que soportan ya pues se superan los límites de inmisión de partículas en la comarca”.
A las preguntas del abogado, los peritos de Reyval evidenciaron, según la Plataforma, “sus pocos conocimientos de incineración, como demuestra que a finales del 2008, a las alegaciones que presentó el ayuntamiento, uno de los peritos redactores del informe pericial, autor del proyecto básico, tuviera que reconocer que el horno propuesto en el proyecto de 2007 no podía tratar los residuos propuestos, sino cinco veces menos y que por tanto las emisiones iban a ser cinco veces mayores. Ante las alegaciones del Ayuntamiento posteriores, demostrando la incompetencia del proyecto, Reyval contrató en 2009 un experto para realizar un nuevo proyecto totalmente distinto al contemplado en el proyecto original. Dicho proyecto fue analizado por el Jefe de Área de Calidad Ambiental, responsable de la tramitación de la AAI, instando a la empresa a reiniciar el procedimiento, por entender que se había producido una modificación sustancial. Este suceso es evitado por la empresa en sus informes así como las modificaciones sustanciales de emisiones en el proceso de incineración, que pasaron de 33.000 Nm3/hora a 180.000 Nm3/hora, más del 500%, sin que exista evaluación por parte de la empresa o la administración autonómica del incremento significativo de impacto ambiental que supone”.
Los peritos respondieron primero a las preguntas de la abogada de Reyval, dirigidas a enfatizar en las supuestas bondades del proyecto e intentar demostrar que no se han producido modificaciones sustanciales. Con posterioridad, a preguntas del abogado del Ayuntamiento y Plataforma, sobre estas modificaciones sustanciales del proyecto inicial, los peritos contratados por la empresa han respondido que después de concedida la AAI, es cuando corresponde realizar las concreciones técnicas al proyecto, llegando a decir que es entonces cuando se decide hacer uno, dos o incluso tres hornos de incineración, o se concretan las características técnicas de las medidas correctoras, por ejemplo tamaño de filtros y resto de equipo de tratamiento de gases. De hecho es así como se ha ido tramitando la AAI, pues no existe en ninguna parte de toda la documentación mención alguna a las características concretas de los equipos de tratamiento de gases, teniendo en cuenta que los volúmenes de emisión de estos gases de la incineración se multiplican por cinco en la AAI respecto del proyecto inicial. Según este interesado planteamiento, primero se pone a exposición pública un proyecto básico, con un escueto estudio de impacto ambiental, si es que se le puede llamar así, y después de la exposición pública se modifica al gusto de la empresa solicitante, con el beneplácito de la administración autonómica competente, a pesar de que el total de las emisiones atmosféricas autorizadas, supongan tres veces más emisiones que las propuestas inicialmente.
Tampoco le dieron importancia al cambio de materiales a incinerar producido después del proceso de información pública, pasando de pretender incinerar poco más que trapos, papel y madera, a quemar además, hasta 48 tipos de residuos considerados peligrosos, algunos de ellos residuos peligrosos sanitarios, disolventes, pinturas y tintas, que incinerados, pueden provocar emisiones peligrosas, incluso en las mejores condiciones de funcionamiento de la instalación. Estos materiales suponen ahora más del 80% de los destinados a incinerar, según la AAI.
También quedó en evidencia que el tratamiento, que en principio pretendía reciclar y reutilizar materiales como disolventes y otros residuos recuperables y que en el proyecto básico se recuperaban, junto con el agua, ahora se pretenden simplemente incinerar porque es más rentable, saltándose la jerarquía que plantea la Directiva Marco de Residuos en las prioridades en el tratamiento, especialmente en los residuos peligrosos.
Los peritos de Reyval, a la pregunta de Calduch, sobre las distancias a núcleos urbanos, se acogieron a que en el 2006 se le concedió licencia urbanística para un proyecto básico, a pesar de que en los estudios de impacto ambiental redactados por uno de ellos, se mintiera sobre estas distancias, ubicando en principio al municipio de l´Alcora a seis km cuando en realidad está a menos de 3 km. En el informe pericial se reconoce ahora que la distancia respecto del municipio d Alcora es de 3 km, pero todavía se sitúa a San Juan de Moró a seis km,( en el estudio de impacto ambiental a 7 km), cuando en realidad está a 3,9 km de la planta de tratamiento de residuos de Reyval. Parece que hay cierto interés del responsable del estudio en alejar, aunque sea en el papel, a los núcleos urbanos, ya que en los estudios de impacto ambiental ni siquiera se menciona la pedanía del Mas de Flors de San Juan de Moró, que está a unos 2,5 km de la planta de Reyval.
La Plataforma considera que “se ha puesto en evidencia cómo ese proyecto, después de la exposición pública, se ha modificado sustancialmente sin que esas modificaciones se hayan visto reflejadas en la evaluación de impacto ambiental y que los ciudadanos, en el momento de aquella información pública, no conocieran las verdaderas intenciones de la empresa, puesto que se evitó mencionar la palabra incineración en el resumen no técnico del proyecto, que es el destinado a la información de los ciudadanos, dando una imagen de bajo impacto ambiental, con volúmenes de emisión que se vieron incrementados cinco veces finalmente así como el supuesto tratamiento en la incineración de trapos, madera y papel, que posteriormente se vio incrementado con numerosos tipos de residuos tóxicos y peligrosos, llegando a suponer el 78% del material incinerado”.
“Todas estas modificación sustanciales, después de la exposición pública, son cuestiones que suponen un alto impacto ambiental en las comarcas por los altos niveles de contaminación que soportan ya pues se superan los límites de inmisión de partículas en la comarca”.
Los peritos no pueden acreditar que la letra sea de Bárcenas
El
informe definitivo que han realizado los agentes del Departamento de
Documentoscopia, de la Unidad Central de Criminalística de la Brigada de
Policía Científica, que han examinado los documentos (la práctica
totalidad de ellos fotocopias y una muestra indubitada realizada en sede
judicial) que les remitió la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta
letra del que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha llegado a la
conclusión de que no se puede acreditar, con total fiabilidad, que sean
de esta persona.
Según han informado a LA
RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la comparación de la letra de las
fotocopias y de la citada muestra no permite concluir que sean del mismo
autor. Según trascendió días pasados, los agentes sospechan que
Bárcenas modificó deliberadamente su letra.
En un primer examen,
tal y como adelantó este periódico en su edición del pasado 14 de
febrero, la letra de las fotocopias y la de la muestra parecían
realizadas por la misma persona (conclusión a la que también habían
llegado peritajes particulares encargados por medios de comunicación
que habían analizado las fotocopias y una carta atribuida a Bárcenas).
Sin
embargo, al tratarse de un peritaje policial requerido por la Fiscalía
Anticorrupción la certeza para atribuir ambos documentos a una misma
persona tiene que ser absoluta, lo que no ha ocurrido en este caso,
según las citadas fuentes.
El peritaje ha
sido realizado por dos agentes (como suele ser habitual en asuntos
importantes) del citado Departamento de Documentoscopia y la conclusión a
la que han llegado es que no se puede acreditar de forma indubitada que
ambos documentos hayan sido escritos por Bárcenas. Los problemas con
los que se han encontrado es que ha habido que trabajar con fotocopias y
que la letra de la muestra parece haber sido deformada de manera
deliberada.
El futuro del 'caso Bankia' en manos de dos peritos
Los dos peritos del Banco de España Antonio González Ruiz y Víctor Sánchez Nogueras tienen en sus manos el futuro del ‘caso Bankia’. Ambos han sido designados por el organismo estatal para que den respuesta a las peticiones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que busca posibles irregularidades en el proceso de fusión de las siete cajas que
dio lugar a BFA, la matriz de Bankia, si las hubo en la concesión de
créditos a sí mismos por parte de los directivos, así como si se
utilizaron “artificios contables” en la reformulación de las cuentas de 2011.
Esas y otras peticiones del juez están en una providencia dictada por el instructor del caso, el juez Andreu, a la que tuvo acceso Terra. El escrito llega una semana después de que finalizaran los interrogatorios de los 33 ex consejeros y
de otros relevantes cargos presuntamente vinculados con el proceso de
fusión y salida a bolsa de Bankia. Sólo resta que preste declaración por
escrito el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien se acogió a esta prerrogativa como miembro del Ejecutivo. Según fuentes jurídicas, De Guindos aún no ha recibido el listado de preguntas, pendiente de concertar por las partes.
Tres peritos confirman al juez que Barakaldo podría haber instalado un ascensor en La Inmaculada
Barakaldo. Se podría haber
instalado un ascensor. Los tres peritos que se mostraron ayer ante el
juez en el caso que enfrenta a la Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Bizkaia, Fekoor, y al Ayuntamiento de
Barakaldo, coincidían en que la zona de La Inmaculada podría haber
acogido un elevador en lugar de escaleras mecánicas. El juicio para
esclarecer si Barakaldo incumplió la Ley de Promoción de Accesibilidad
al implantar estos accesos mecánicos en lugar "de la opción más
accesible para todas las personas" comenzó ayer con la entrega de las
pruebas periciales al juez. "Todos los peritos coinciden", subrayó
Guillermo Treku, abogado de Fekoor, a la espera ya de que se dé traslado
al caso y se dictamine una sentencia.
El de La Inmaculada se ha convertido en el primer caso en que
una federación de personas con discapacidad lleva a un Ayuntamiento a
los tribunales. Sendoa Quijada, vecino de Cruces que padece la
enfermedad conocida como Huesos de Cristal, despertó las primeras
reivindicaciones al comprobar que los nuevos accesos no convertían en
más accesible el camino hacia su vivienda. Con su silla de ruedas, al
joven se le hace imposible utilizar las escaleras mecánicas. La ley
establece que a la hora de mejorar la accesibilidad se debe escoger
siempre la opción más accesible. Esta pasa, para Fekoor, por la
instalación de ascensores "a los que pueden acceder todas las personas
tanto para subir, como para bajar, algo que las escaleras no permiten ni
a personas con movilidad reducida, ni a quienes lleven carritos de
niños ni a personas mayores", subraya Treku. El abogado ha defendido
siempre que la zona de La Inmaculada puede acoger un ascensor, tal como
quedó demostrado ayer mediante los informes realizados por el arquitecto
de la federación, el ingeniero contratado por el Ayuntamiento fabril
para realizar el proyecto y el técnico municipal.
Tomar conciencia A
pesar de los resultados, "el técnico aún mantiene que para él, la
solución más accesible son las escaleras", resaltó el abogado de Fekoor.
Además, tras comenzar la polémica, el Ayuntamiento culminó el proyecto
con la construcción de unas rampas fijas "que no han podido acreditar
que estuvieran proyectadas desde el inicio". Estas rampas obligan a
recorrer 400 metros a las personas con movilidad reducida cuando por las
escaleras se recorren 200.
A la espera de que se dicte una sentencia, Treku aseguró
"haber ganado de antemano" y es que "hemos conseguido -dijo- que muchos
municipios, incluso de fuera de Euskadi, tomen conciencia y opten por
soluciones más accesibles como son los ascensores".
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